Afortunadamente para nosotros, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
elabora desde 2004, en el marco de una investigación de ámbito europeo
coordinada por Eurostat, la
Encuesta de Condiciones
de Vida, a partir de la cual podemos obtener el
material numérico que posibilita una respuesta bien ajustada a la pregunta
anterior. Y esa respuesta es, sin ninguna duda, negativa.
En efecto, el
primero de los indicadores que el INE proporciona a este respecto es el
índice de Gini. Con él se mide el grado de desigualdad existente en la
distribución personal de la renta, de manera que los valores que adopta van
desde el cero —que señala una completa equidad cuando todos los individuos
perciben los mismos ingresos— hasta el cien —cuando toda la renta se concentra
en un solo individuo—. Por tanto, cuanto más bajo es este indicador mayor el
nivel de equidad distributiva o, si se prefiere, cuanto más elevada es su
cuantía mayor es asimismo la desigualdad. Pues bien, si en 2004, cuando
Rodríguez Zapatero entró a gobernar, el índice de Gini adoptó en España un valor
de 30,7, cuatro años más tarde, en 2007, había aumentado en seis centésimas
hasta situarse en 31,3. Es claro entonces que la equidad, lejos de mejorar, tal
como sugiere la retórica del socialismo zapateril, ha empeorado, aunque lo haya
hecho con modestia.
Entre mediados de los años setenta y
el comienzo de la década de los noventa tuvo lugar en España un importante
aumento de la equidad distributiva, de manera que las fuertes desigualdades
heredadas de franquismo se fueron atenuando paulatinamente, aún a pesar de la
crisis que afectó a la economía española hasta bien entrado el decenio de los
ochenta
Otra forma más sencilla de
medir la desigualdad es la
ratio S80/S20 que relaciona la renta que está
en manos del veinte por ciento de los hogares más ricos, con la que se encuentra
en poder de la misma proporción de los hogares más pobres. Según el INE, en
2007, este cociente señalaba que los ricos tenían una renta 5,3 veces mayor que
la de los pobres; y su posición relativa había mejorado desde cuatro años antes,
pues en 2004 el valor del indicador era 5,1. Por tanto, también por esta vía se
comprueba que la equidad ha ido empeorando durante la última
legislatura.
Este nivel de desigualdad en la distribución de la renta es
más elevado en España que en el promedio de los países de la Unión Europea,
donde la ratio S80/S20 era 4,8 en 2005. Más aún, de los 27 países de la UE, sólo
ocho —Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y el Reino
Unido— presentan una menor equidad que España; y en uno más —Rumania— el nivel
es el mismo. A su vez, la desigualdad es notoriamente inferior a la española
—con una ratio S80/S20 en torno a 3,5— en Austria, Bulgaria, Dinamarca,
Eslovenia, Finlandia, Países Bajos, la República Checa y Suecia. Ello indica
claramente que una mayor equidad no sólo es posible, sino que constituye un
objetivo alcanzable para la política social española.
Las políticas sociales de Zapatero
no han corregido este problema de erradicación de la pobreza por mucho que
se haya proclamado que se han subido las pensiones mínimas, que se protege más a
los desempleados, que se atiende a la dependencia o que se progresa en la
igualdad de género
Pero para valorar esta
última conviene situar los resultados de la legislatura socialista en una
perspectiva temporal más amplia. Para ello viene muy bien la excelente síntesis
que ha realizado para Caritas un equipo dirigido por Luís Ayala dentro del
VI
Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España. De acuerdo con su análisis, entre mediados
de los años setenta y el comienzo de la década de los noventa tuvo lugar en
España un importante aumento de la equidad distributiva, de manera que las
fuertes desigualdades heredadas de franquismo se fueron atenuando
paulatinamente, aun a pesar de la crisis que afectó a la economía española hasta
bien entrado el decenio de los ochenta. Esta «aparente paradoja de la contención
de la desigualdad en una etapa de fuerte destrucción de empleo y profunda caída
de la actividad económica se explica —señala el profesor Ayala— por la
simultaneidad de factores muy distintos … (como) la quiebra del modelo de
determinación salarial, … el desarrollo tardío de componentes básicos del
sistema de protección social y de los instrumentos tributarios más progresivos».
En suma, los gobiernos centristas de la época, y el socialista presidido por
Felipe González, impulsaron un Estado del Bienestar que apenas se había
desarrollado durante la dictadura; y como resultado de ese empujón se logró un
nivel de equidad semejante al que exhiben los países desarrollados menos
igualitarios.
Sin embargo, el impulso reformista, en lo que a la
política social se refiere, se frenó con el acceso al poder del Partido Popular.
Éste actuó bajo una inspiración extremadamente conservadora que veía en las
acciones redistributivas del Estado un obstáculo a los incentivos al trabajo
—una tesis ésta que no ha podido ser corroborada por los estudios empíricos—,
ignoraba que los avances en la equidad tienen un efecto directo sobre el tamaño
del mercado —con lo que se favorece la innovación tecnológica o, como ya apuntó
Adam Smith en los capítulos iniciales de
La riqueza de las Naciones, la
división del trabajo— y confiaba en que los incrementos del empleo darían por
resueltos todos los problemas distributivos. El gobierno de Aznar, creyéndose
inspirado por la doctrina liberal, desoía así el consejo de los viejos maestros
de esta escuela, para quienes la libertad económica no estaba reñida con el
Estado Social. Léase si no a Hayek en su
Camino de servidumbre cuando
afirma que «los argumentos para que el Estado ayude a organizar un amplio
sistema de seguros sociales son muy fuertes», hasta el punto de que «no hay
incompatibilidad de principio entre una mayor seguridad, proporcionada de esta
manera por el Estado, y el mantenimiento de la libertad individual». Y como
fruto de esta confusión conceptual se introdujeron cambios fiscales que
limitaron los efectos redistributivos de la imposición personal sobre la renta,
a la vez que se limitó el crecimiento de las prestaciones sociales,
especialmente las de carácter asistencial. En tales circunstancias el nivel de
desigualdad se quedó estancado.
¿Podrían corregirse estos déficits
sociales en una situación de crisis económica como la actual? Por lo general se
suele sostener que la progresión en el Estado del Bienestar sólo es posible en
períodos de expansión económica. Sin embargo, la experiencia española, como
antes se ha señalado, desmiente esta presunción, pues fue precisamente durante
la crisis de los setenta y ochenta cuando más se desarrollaron las políticas
sociales
Con la entrada de Rodríguez Zapatero
en el gobierno nada de esto cambió. El mismo conservadurismo que había alumbrado
a su predecesor se mantuvo, aún cuando el discurso gubernamental anunciaba
mejoras para los más desfavorecidos. Pero no confundamos la retórica con la
política práctica: el gasto social, que había venido descendiendo en términos
relativos desde hacía una década, acabó situándose en el veinte por ciento del
PIB, con lo que el esfuerzo español en esta materia se quedó en un nivel
equivalente al 76,5 por 100 de la media de la Unión Europea. Y lo mismo puede
decirse en el terreno fiscal. Así, la única reforma del IRPF firmada por
Zapatero —la de 2007— ha tenido dos efectos redistributivos que difícilmente
redundarán en un aumento de la equidad. Por una parte, como se ha destacado por
la Fundación de las Cajas de Ahorros, ha hecho caer los tipos impositivos medios
para todos los contribuyentes, aunque de una forma más intensa para los que
obtienen las rentas más bajas y las más altas, sin incidir a penas entre los de
rentas medias. Y, por otra, ha escindido el impuesto en dos, de manera que los
rendimientos del ahorro y las ganancias del capital tributan según un tipo único
más bien reducido del 18 por 100, mientras las del trabajo lo hacen sobre una
escala variable que va desde el 24 hasta el 43 por 100. Conviene recordar con
respecto a esto último que los rendimientos del capital mobiliario son obtenidos
principalmente por las personas más adineradas del país, pues no en vano el 70
por 100 de la riqueza financiera está en manos del 10 por 100 de la población. Y
si a todo ello se le añade la reciente supresión del impuesto sobre el
patrimonio, que implica una mejora de la renta de los más ricos en unos 2.100
millones de euros, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que con Zapatero el
socialismo ha culminado la contrarrevolución fiscal que emprendió su predecesor
en el gobierno.
No sorprenderá entonces que en los últimos años apenas
se hayan registrado avances en la erradicación de la pobreza dentro de España.
Si en 2004 la
Encuesta de Condiciones de Vida cifraba la tasa de pobreza
relativa en el 19,9 por 100 de la población, en 2007 apenas la había rebajado en
dos décimas, quedando en el 19,7 por 100. Ello significa que casi uno de cada
cinco españoles viven con una renta inferior al 60 por 100 del valor de la
mediana de la distribución de la renta. Tal proporción está lejos de la media
europea —que se sitúa alrededor del 15 por 100— y contrasta con la de países
como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia, donde sólo uno
de cada diez ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Las
políticas sociales de Zapatero no han corregido este problema por mucho que se
haya proclamado que se han subido las pensiones mínimas, que se protege más a
los desempleados, que se atiende a la dependencia o que se progresa en la
igualdad de género. Y así los mayores riesgos de pobreza se registran entre los
pensionistas, los parados, los incapacitados, las mujeres y los niños. Es decir,
en los segmentos de población que no han visto progresar la política social,
pues en España, por comparación con los países más avanzados de Europa, existe
un auténtico déficit en materias como las pensiones de viudedad y orfandad, el
subsidio de desempleo, los servicios y prestaciones para las personas
dependientes, la corrección de las discriminaciones salariales por sexo y las
prestaciones económicas para la infancia.
¿Podrían corregirse estos
déficits sociales en una situación de
crisis
económica como la actual? Por lo general se suele sostener
que la progresión en el Estado del Bienestar sólo es posible en períodos de
expansión económica. Sin embargo, la experiencia española, como antes se ha
señalado, desmiente esta presunción, pues fue precisamente durante la crisis de
los setenta y ochenta cuando más se desarrollaron las políticas sociales —y, con
ellas, más se corrigieron las desigualdades—, y ha sido durante la última década
de crecimiento cuando ese desarrollo se ha frenado. Por ello, incluso en las
actuales circunstancias, cabe reclamar al Estado un mayor compromiso social que
vaya cerrando paulatinamente la brecha que nos separa de la Europa más avanzada.
Bueno será entonces que el socialismo abandone la
demagogia
zapateril para ponerse a la tarea de recuperar sus viejos
planteamientos de equidad, y la derecha se libere de sus prejuicios contra la
redistribución y recobre en esto la mejor tradición liberal.