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Galvarino Aplabaza (fuente: www.misionlandia.com.ar)

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Carlos Malamud es Catedrático de Historia de América Latina de la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano

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Senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991

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Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner

Hebe Bonafini

Hebe Bonafini


Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Democracia, terrorismo y derechos humanos
Por Carlos Malamud, lunes, 4 de octubre de 2010
El gobierno argentino ha negado la extradición a Chile del terrorista Galvarino Aplabaza, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y acusado por la justicia de su país del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards. Se da la circunstancia de que ambos delitos se cometieron en 1991, bajo la presidencia de Patricio Aylwin, es decir cuando la democracia ya había vuelto a Chile.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner apoyó enfáticamente la concesión del status de refugiado político otorgado por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), un organismo formado básicamente por instituciones oficiales y dependientes del Poder Ejecutivo. Entre los principales argumentos para fundamentar su decisión se señala que Apablaza es un “un militante político, un luchador contra la dictadura”, y en tanto tal “no es un ciudadano común”. A esto hay que sumar las dudas expresadas por diversos organismos argentinos acerca de la idoneidad de la justicia chilena para juzgar a semejante héroe continental.

Ya no se trata sólo de que la historia pudiera absolver a Apablaza, quien obtuvo en Cuba el título de comandante. Igualmente se puede ver como un órgano administrativo y no judicial argentino, en contra de lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de su país, ha tomado una clara decisión política, que no jurídica. De este modo, el gobierno argentino y los organismos de él dependientes estarían estableciendo un peligroso doble rasero en materia judicial, uno para los ciudadanos comunes, que pueden ser extraditados, y otro para los “héroes antidictatoriales” que se sitúan por encima de la gente y pueden escapar de la acción de la justicia.

En materia de Derechos Humanos la visión argentina es un poco particular

La verdad es que en materia de Derechos Humanos la visión argentina es un poco particular. Su jurisprudencia señala que en los dramáticos sucesos ocurridos en Argentina entre 1974 y 1982, mayoritariamente en los años de la dictadura militar comenzada en 1976, los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser atribuidos al terrorismo de estado, y que las organizaciones armadas que también participaron en esos eventos están a cubierto de tales acusaciones. Es decir, sólo los estados, y quienes los sirven, cometen delitos de lesa humanidad. Será quizá por ello que el actual gobierno haya incluido en la lista de desaparecidos de aquellos años a los guerrilleros montoneros que participaron en el intento de asalto de un cuartel militar, en Formosa, en octubre de 1975.

En ese entonces gobernaba María Estela Martínez de Perón, un gobierno bastante sui generis, Triple A y José López Rega mediantes, pero un gobierno elegido democráticamente al fin de cuentas. Mientras los familiares de los montoneros caídos en la acción, cuya suerte se conoce perfectamente, se han beneficiado de importantes pensiones y han sido glorificados por la “historia oficial”, los diez soldados muertos en la acción, y que por aquel entonces realizaban el servicio militar obligatorio, prácticamente cayeron en el olvido, como denuncia un reciente libro del periodista Ceferino Reato. Es más, pese a su extracción popular, sus familias no han recibido compensación alguna y únicamente perciben pensiones miserables.

Los delitos por los que la justicia chilena acusa a Apablaza fueron cometidos tras el retorno de la democracia y de ahí que no valga el pasado de lucha antidictatorial del FPMR para justificar el acto

La decisión del gobierno Kirchner contraria a la extradición de Apablaza no sólo ha afectado las relaciones bilaterales con Chile, que entrarán seguramente en una etapa de turbulencias y grandes dificultades, sino también a la propia política argentina. En este sentido, los principales partidos nacionales se manifestaron rotundamente contra la medida, y algunos fueron todavía más allá al vincular la decisión tomada con la política de derechos humanos del gobierno, especialmente en su variante más propagandística. No en vano, fue esa política la que le permitió a Néstor Kirchner granjearse la fama de gobernante de izquierdas, pese a sus raíces peronistas.

Como se señalaba más arriba, los delitos por los que la justicia chilena acusa a Apablaza fueron cometidos tras el retorno de la democracia y de ahí que no valga el pasado de lucha antidictatorial del FPMR para justificar el acto. Es como si ETA intentara hacer valer su pasado de lucha antifranquista en los atentados terroristas cometidos durante la transición democrática o en fechas más recientes. Parte de la explicación de lo ocurrido y de la decisión arbitraria adoptada por el gobierno de los Kirchner está en la presión de Hebe Bonafini y otros organismos de Derechos Humanos, próximos al matrimonio gobernante, para no extraditar a Apablaza. Según Luis Maira, político socialista y ex embajador chileno en Argentina: “Apablaza está muy respaldado por organismos sociales y de derechos humanos de enorme influencia sobre los Kirchner. Estos organismos lograron posicionar en el círculo kirchnerista y en otros sectores políticos la causa de Apablaza como un tema de justicia básica, de hacer creer que sus garantías procesales no serán respetadas en Chile”.

Resulta a todas luces incomprensible que la presidenta Kirchner, que con tanto denuedo salió en defensa de la democracia ecuatoriana, no respalde de la misma manera a la democracia chilena

De ahí que Hebe Bonafini llegara a manifestar en los días previos a la decisión gubernamental que las Madres están “convencidas de que hay que darle el refugio al compañero chileno...Un país que está condenando a los asesinos [por Argentina] no puede negarle la libertad a quien luchó por su país”. La ecuanimidad de Hebe Bonafini, que en su día apoyó los atentados del 11-S, y se regocijó con sus efectos, y que mantiene una constante defensa de las reivindicaciones de ETA, pese a sus métodos terroristas, o quizá por ellos, se pudo comprobar días más tarde, cuando dirigió un furibundo ataque a los jueces que componen la Corte Suprema. Sus virulentas palabras estaban relacionadas con la Ley de Medios, parte de la guerra que mantiene el gobierno con el grupo Clarín. Bonafini calificó a los magistrados con gruesas palabras y llamó, en caso de que fallaran en contra de la postura del gobierno, a tomar por la fuerza el Palacio de Justicia. Pero eso no es un golpe de estado, según diría Rafael Correa, sólo la expresión de algunos movimientos sociales, que como ya se sabe no deben ser reprimidos.

En realidad, de haberse concedido la extradición a Apablaza se cuestionaría profundamente la política gubernamental en la materia, y la definición de terrorismo y de crímenes de lesa humanidad manejada en Argentina. Resulta a todas luces incomprensible que la presidenta Kirchner, que con tanto denuedo salió en defensa de la democracia ecuatoriana, no respalde de la misma manera a la democracia chilena. De ese modo no se puede avanzar en la construcción de la integración regional y de una América Latina unida. Nuevamente el doble rasero, la democracia a proteger es la de los países del ALBA, o de los que giran en su órbita y no la democracia como un valor en si mismo. ¿Qué han dicho los gobiernos de la región, comenzando por Unasur, acerca del fraude de ley cometido en Nicaragua para permitir la reelección de Daniel Ortega? ¿Qué palabras se han escuchado en el sentido de apoyar un proceso de democratización en Cuba? Una vez más se comprueba como los propios latinoamericanos, y no los Estados Unidos como les gusta decir a algunos presidentes regionales, son los principales responsables de sus fracasos.
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