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Carlos Malamud es profesor Titular de Historia de América Latina de la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano

Carlos Malamud es profesor Titular de Historia de América Latina de la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano



Jorge Masetti

Jorge Masetti

Jorge Masetti: "El furor y el delirio" (Tusquets, 2003)

Jorge Masetti: "El furor y el delirio" (Tusquets, 2003)

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares

Néstor Kirchner

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Abdalá Bucharan

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Jamil Mahuad

Jamil Mahuad

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa

Gonzalo Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada

Jean Bertrand Aristide

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Carlos Mesa

Carlos Mesa

Alejandro de Toledo

Alejandro de Toledo

Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador


Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Política y violencia en América Latina
Por Carlos Malamud, martes, 6 de julio de 2004
En una época no muy lejana se había pensado que el par política y violencia era inseparable y consustancial a la realidad latinoamericana. Revoluciones, guerras civiles, golpes de estado y guerrillas marcaron con su impronta especial los casi dos siglos de historia republicana. El tema ha hecho correr ríos de tinta y hubo quienes dedicaron sesudos ensayos a rastrear las causas de tan pertinaz presencia en las raíces torcidas de América Latina, para utilizar el término acuñado por Carlos Montaner. No quiero abundar en el carácter genético, teleológico o inmanente de la violencia latinoamericana, sino insistir en algo que comienza a verse con creciente preocupación: la reemergencia de ciertas formas de hacer política, que tras la última oleada democratizadora se creyó en vías de extinción, al menos en los principales países de la región.
Pese a la caída del muro de Berlín, la guerrilla nunca dejó de estar presente en América Latina. Hay muestras para todos los gustos y tendencias, desde la brutalidad de Sendero Luminoso, pasando por la experiencia narcoterrorista de las FARC y el ELN colombianos y terminando en la guerrilla virtual y pacifista del EZLN. En Colombia se ve con toda su crudeza el estrecho límite que separa la violencia política de la delincuencia. Las perspectivas de una alianza entre las FARC y los paramilitares, enemigos tradicionales, para defender el negocio de la droga, no es una simple especulación de analistas calenturientos. Las memorias de Jorge Massetti, El furor y el delirio, muestran como ese límite se traspasaba una y otra vez en Chile, Argentina, México u otras partes del continente. Las descarnadas denuncias de este ex agente de la inteligencia cubana son un llamado de atención a quienes defienden la experiencia de la lucha armada en América Latina (eso que algunos han dado en llamar terrorismo).

Pero no todo comienza y acaba en la guerrilla tradicional, esa que tan buena prensa tiene en nuestra Europa civilizada y a la cual muchos siguen viendo con un áurea romántica. Las huellas de la revolución cubana permanecen indelebles y pese a lo mucho que ha llovido, a todo lo que sabemos del carácter represivo de la Revolución Cubana y de la forma sistemática en que la dictadura castrista viola los derechos humanos, son muchos los que siguen creen en los peces de colores (aquí es donde a esos muchos les toca hablar de Guantánamo y de cómo el gobierno de los Estados Unidos también tortura). Una buena prueba es la pregunta parlamentaria del dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sobre la política de España en relación con la Isla.

La anemia institucional y la debilidad de los partidos políticos hace que las prisas impidan a autoridades legítimamente elegidas en elecciones democráticas acabar sus mandatos


Un reciente artículo de Juan Forero en The New York Times (“Latin America is Growing Impatient with Democracy”, 24/vi/2004) abunda en algunas de estas cuestiones. Por un lado está lo que Rosendo Fraga tan acertadamente llamó golpes de calle: esas movilizaciones populares que en poco tiempo han acabado con varias presidencias latinoamericanas: Abdalá Bucharam y Jamil Mahuad, en Ecuador; Fernando de la Rúa, en Argentina; Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia y más recientemente Jean Bertrand Aristide en Haití. La anemia institucional y la debilidad de los partidos políticos hace que las prisas impidan a autoridades legítimamente elegidas en elecciones democráticas acabar sus mandatos. Es verdad que hay quien aplaude estas formas de democracia popular, directa y participativa, aunque poco aporte a la gobernabilidad de sus países.

Otra cuestión, que si persiste puede convertirse en plaga, es la persecución y linchamiento de alcaldes, como los ocurridos en Ilave, Perú y Ayo Ayo, Bolivia. Claro está que no se trata de un fenómeno gratuito, sino refrendado por eso que en algunos países andinos se llama eufemísticamente justicia comunitaria o tradicional y que en México, gracias a la propaganda zapatista, conocemos como usos y costumbres. La pregunta que deberían hacerse los defensores de la diversidad y de la multiculturalidad es si estas formas de justicia, aplicadas no por jueces sino por los ancianos o por asambleas populares, son compatibles con los derechos humanos y los derechos cívicos. En algunos casos, dirigentes poco eficientes no fueron salvajemente asesinados sino golpeados por la turba u obligados a tomar ricino como punición por sus faltas.

El problema de muchos gobiernos, especialmente aquellos de alguna debilidad o falta de legitimidad, es cómo reprimir a manifestaciones o movimientos que hacen explícita la protesta social


Carlos Monsivais, en las páginas de ABC, señalaba que “el narcotráfico está detrás de toda la violencia que se genera en México”. Es probable que no de toda, pero al menos de una gran parte, en un fenómeno similar al ocurrido en otros países, como Colombia, Perú o Bolivia. La presión de los campesinos, o indígenas, cocaleros, y de los carteles de la droga que están por detrás, explica parte, aunque sólo parte, del malestar que se vive en estos dos últimos países. El problema de muchos gobiernos, especialmente aquellos de alguna debilidad o falta de legitimidad, es cómo reprimir a manifestaciones o movimientos que hacen explícita la protesta social.

En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner, en alusión al movimiento piquetero ha señalado que a la protesta social no se la criminaliza. De esta forma, y amparados por la inacción policial (¿impunidad?) en los últimos días, grupos piqueteros han ocupado una comisaría de policía en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, amén de otras tropelías, como las realizadas en las sedes del Comando en Jefe del Ejército o de Repsol-YPF, la toma de trenes o de puestos de peaje en autopistas de entrada a la Capital Federal, o los ya tradicionales cortes de calles y rutas que tanto encrespan a un número creciente de ciudadanos argentinos. La cuestión que debe enfrentar una cierta izquierda latinoamericana es cómo dar contenido a sus reivindicaciones. Esto explica, en parte, el intento de creación de una especie de internacional bolivarina. De ahí, que en uno de los tantos periódicos cibernéticos alternativos (rebanadasderealidad) se pueda leer: “El piqueterismo criollo ya tiene contactos con similares de otros países del continente, en especial los movimientos indigenistas (que en Bolivia lincharon a un alcalde corrupto) y los activos "sin tierra" brasileños”.

En la práctica totalidad de los países latinoamericanos la impunidad es un arma omnipresente en el debate político


Kirchner, como el boliviano Carlos Mesa, son dos presidentes que llegaron al cargo con escasa legitimidad de origen. De ahí su debilidad y de ahí su permanente necesidad de contemporizar y evitar explosiones sociales. Algo similar a lo que le ocurre a Alejandro de Toledo, cuya legitimidad de ejercicio se ha recortado a medida que perdía respaldo popular, pero curiosamente a medida que se recuperaba la economía. Pese a esto último, en un fenómeno que valdría la pena profundizar, en estos momentos menos del 10% de los peruanos aprueban su gestión. El temor frente a una reacción de condena de potenciales aliados o votantes lleva a mirar hacia otro lado, como ocurre en Brasil con el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST), que en los últimos meses han intensificado su política de ocupación ilegal de fincas. Para un gobierno como el de Lula resultaría muy difícil explicar la represión en este terreno.

En la práctica totalidad de los países latinoamericanos la impunidad es un arma omnipresente en el debate político. Antiguos torturadores, violadores de los derechos humanos y empresarios inescrupulosos o sencillamente mafiosos se han beneficiado, o lo siguen haciendo, de la inacción de la justicia o de complicidades evidentes dentro del Poder Judicial. Pero la impunidad no afecta sólo a los poderosos. La ineficiencia o la corrupción de los jueces benefician a todas las escalas del delito, desde el vulgar raterillo callejero hasta el más encumbrado estafador de cuello blanco. Es tal la magnitud del problema que el orden público se ha convertido en un punto sumamente importante de la agenda política latinoamericana. Sin embargo, en contra de lo que sostienen algunos políticos populistas y ciertos sectores de la izquierda (el propio presidente Kirchner o el alcalde la ciudad de México Andrés Manuel López Obrador), éste afecta no sólo a las clases medias, sino, y muy especialmente, a los sectores populares, que son quienes más sufren por la falta de seguridad. Las grandes manifestaciones en contra del crimen en México DF o en Buenos Aires son buena prueba de ello.

La debilidad institucional no afecta sólo a la justicia. La policía suele ser, con las correspondientes diferencias nacionales, el correlato necesario para la extensión de la delincuencia. Los bajos salarios explican parte de la galopante corrupción que golpea a los distintos cuerpos de policía a lo largo y lo ancho del continente. He aquí otro problema que deben afrontar los gobiernos, que en algunos casos se columpian frente a la más que discutible tentación de llamar a las fuerzas armadas de hacerse cargo de algunos problemas de orden público. Estamos pues frente a un fenómeno que tiene múltiples manifestaciones, pero al cual los políticos de la región deben comenzar a dar respuesta si quieren que sus países sigan existiendo en el concierto internacional de las naciones respetables.
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