En esta oportunidad me ocuparé de la reforma parcial de la ley de partidos
políticos, reuniones públicas y manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial
venezolana el 23 de diciembre de 2010. En esta modificación parcial se
introdujeron una serie de artículos (26 al 30) destinados a dificultar a los
legisladores electos su cambio de filiación política, con la amenaza de ser
inhabilitados. Lo curioso del caso, es que el principal objetivo de este medida
es más el mantenimiento de las propias fuerzas, evitando deserciones, que el
intento premeditado de debilitar a la oposición. Como señaló claramente durante
el debate parlamentario
Cilia Flores, la presidente de la Asamblea
Nacional, dirigiéndose al pequeño grupo de legisladores que habían roto con el
oficialismo: “Con esta ley les tumbamos sus intenciones de que otros hagan lo
que ustedes hicieron”. Es decir, ser elegidos por el oficialismo pero
comportarse como oposición.
Para poder comprender con exactitud
los
objetivos del presidente
Hugo Chávez al impulsar
esta reforma es necesario detenerse brevemente en su contenido. El art. 26 dice
que todos los ciudadanos electos quedan sujetos “al compromiso electoral
plasmado en el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral
al momento de inscribir su candidatura”. Como ocurre con el Fausto de
Goethe, el pacto es para siempre y debe ser respaldado con la vida misma,
o con el cargo. Sin embargo, como se ve en los artículos posteriores de la
reforma, su único objetivo son los diputados de la Asamblea Nacional y no los
restantes cargos electos. Por eso, según el art. 27, todos los diputados
responderán ante el electorado, tanto por “sus conductas y acciones en el
desempeño de sus funciones parlamentarias”, no sólo dentro sino también fuera de
la Asamblea Nacional. El art. 28 va al meollo de la cuestión al definir cuando
los parlamentarios comenten “fraude a los electores” y se define como
fraudulenta “toda conducta reiterada que, en el desempeño de las funciones
parlamentarias, se aparte de las orientaciones y posiciones políticas
presentadas en el programa de gestión como oferta electoral”.
Como se desprende de los contenidos
de la propia reforma está va directamente dirigida a cohesionar a las fuerzas
propias más que a golpear a los
enemigos
Estas conductas son definidas en el
art. 29: 1) “Votar en contra de los postulados del programa… en términos de su
contenido programático y su orientación político-ideológica”; 2) “Hacer causa
común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa”
o “con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones
políticas que respaldaron el programa”; y 3) “Separarse del Grupo Parlamentario
de Opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló,
para integrar o formar otro Grupo Parlamentario de Opinión contrario al
programa”. Finalmente, en el art. 30 se establece la sanción frente al fraude:
“la suspensión o inhabilitación parcial” si la solicita un número de ciudadanos
no menor del 0,1% de los inscritos. Pese al reducido número de votantes que
pueden pedir la defenestración de un diputado, la solicitud “deberá acompañarse
de una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la soportan”.
La diputada por el Movimiento Ecológico a la Asamblea Nacional,
Pastora Medina, señaló que la reforma electoral, presentada a la
discusión con solo un día de antelación, tiene dos lecturas “una, la situación
real de los diputados del PSUV [el oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela], y la segunda sería la de amarrar a los diputados nuevos de la
oposición para que cualquier concha que pisen lo puedan detener o
inhabilitarlo”. Sin embargo, como se desprende de los contenidos de la propia
reforma está va directamente dirigida a cohesionar a las fuerzas propias más que
a golpear a los enemigos.
En la
lógica militar
amigo/enemigo con que
Hugo Chávez maneja la
política de su país, se trata de limitar los efectos de la
crisis profunda del sistema que se avizora. La nueva devaluación del bolívar en
la recta final de 2010, en un contexto de persistente inflación y de
mantenimiento de la depresión económica pese al aumento de los precios del
petróleo, es sólo una señal de dificultades mayores. En este contexto no es
difícil que comiencen las desafecciones y por eso los grandes temores de
Chávez de quedarse cada vez más sólo. De ahí que el único tratamiento
para los desertores y los traidores, y traidor es
todo aquel que
no está con la causa, es su expulsión del grupo
parlamentario. Es mucho lo que se juega en 2011, de vista a las cruciales
elecciones presidenciales de 2012, donde el actual presidente espera volver a
ganar para seguir gobernando Venezuela durante seis años
más.