Hay que reconocer, en su justa medida, la decidida y, en principio,
responsable actuación de los agentes sociales, especialmente de los sindicatos,
cuando, hace justo siete meses, escenificaron una huelga general ante la
decepcionante reforma laboral que el gobierno de don José Luis Rodríguez
Zapatero llevó al Congreso tras su famoso Real Decreto-Ley de 16 de junio.
¿Qué ha cambiado en la sociedad a estas alturas para que patronal y
sindicatos hayan decidido ir juntos de la mano? Obviamente, más de cinco
millones de parados, miles de empresas desaparecidas o en vísperas de
desaparición, millares de jóvenes sin porvenir profesional alguno, pensiones
congeladas, miles de funcionarios que han visto recortados sus salarios e
inmigrantes que han tenido que regresar a sus países de origen, y ello
considerando que de allí escaparon de salarios de miseria.
En fin, se
entiende que el panorama no estaba como para no llegar a un acuerdo. Sin
embargo, la cuestión central es si este acuerdo, que tanto se celebra, responde
a las perentorias necesidades de este país o, por el contrario, no es más que
otra cortina de humo ante las exigencias de la opinión pública. Por descontado,
si es así, sólo de ello debe responsabilizarse a los agentes sociales en tanto
el Gobierno no promulgue una nueva reforma laboral. De su calado cabrá entonces
entender si el Ejecutivo también participa de una maniobra que pretende distraer
a mercados y ciudadanos.
Es evidente que en materia de
flexibilidad, teletrabajo, formación y descuelgue no se han hecho progresos
importantes
El
acuerdo
firmado entre los agentes sociales trata sobre
flexibilidad interna, empleo, formación, descuelgue de condiciones de trabajo e
incrementos salariales. Por primera vez los sindicatos han abierto una
alternativa de negociación en materia salarial que se desvincula de los
automatismos que hasta la fecha estaban referenciados directamente al IPC.
Sin embargo, de su efectividad comienzan a abrigarse serias dudas. Así,
se ha abierto una sutil brecha en materia de salarios variables, de forma tal
que, lo que hasta el momento constituía un recurso de las empresas para premiar
la productividad de sus trabajadores en función a su mayor esfuerzo, corre el
riesgo de consolidarse como una carga retributiva más que deberán soportar sin
remedio, sean cuales sean sus necesidades productivas, la evolución de sus
ingresos, márgenes comerciales, su posición competitiva o el verdadero desempeño
de sus trabajadores.
Pero esto no es todo. Es evidente que en materia de
flexibilidad, teletrabajo, formación y descuelgue no se han hecho progresos
importantes. La reforma de junio del pasado año permitió que los sindicatos
tomaran mayores cotas de participación, en concreto en materia de negociación en
procesos de modificaciones sustanciales implantadas por las empresas sin
representación sindical. Por lo tanto, el panorama, en lo sustancial y
sustantivo, prácticamente no ha variado y sigue manteniéndose un límite
temporal, esto es, la duración de la modificación no podrá superar el período de
vigencia del convenio inaplicado ni, en todo caso, tres años. ¿Cómo es posible
que pueda plantearse un límite temporal a una medida que pretende mantener la
actividad productiva de las empresas? ¿Son acaso los agentes sociales que hoy
han pactado el acuerdo quienes están en condiciones de calibrar que los
problemas productivos de nuestro tejido empresarial tienen una vigencia máxima
de tres años?
La crisis no espera de medidas a
aplicar en 2014 o en años venideros, sencillamente requiere de una respuesta
efectiva e inmediata
Por lo que respecta a la
negociación colectiva, tampoco se ha avanzado mucho, salvo en la declaración
programática de abrir mayores cotas de libertad a las empresas en el seno de la
negociación de sus propios convenios colectivos. Sin embargo, en la práctica, se
sigue apostando por la preeminencia de los convenios sectoriales, con las
salvedades anteriormente indicadas, y se refuerza el papel de los convenios
provinciales (leáse también, autonómicos). Y esto es una falta de
responsabilidad sólo achacable al intento sindical de seguir manteniendo sus
cotas de poder y al empresarial de continuar liderando sectores productivos
mediante organizaciones cada vez más alejadas de los reales intereses de nuestro
tejido productivo, prevaleciendo en sus posiciones negociadoras los intereses de
las grandes entidades empresariales del país.
¿Y qué decir sobre los
acuerdos en materia salarial, en concreto, la tan aireada contención de los
incrementos salariales en los términos temporales del acuerdo, esto es, 2012 a
2014? Ciertamente, se ha producido un avance en cuanto a las variables que deben
ser tenidas en cuenta para los incrementos salariales y su revisión. Sin
embargo, todo el esfuerzo realizado puede quedar reducido a una pura
manifestación de buenas intenciones. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque el
acuerdo no contempla una obligación de las partes negociadoras de proceder a una
traslación real de los límites de crecimiento salarial a los convenios vigentes
en la actualidad. Esto se traduce, como fácilmente puede comprenderse, en que
serán los interlocutores sectoriales, autonómicos, provinciales o de empresa los
que, a su criterio, decidirán realmente la aplicación de los límites de
incremento salarial que contempla el acuerdo. Y, en este sentido, no podemos
olvidar que los sindicatos juegan un papel de extrema importancia. Si sus bases
no están dispuestas a aplicar los límites que el acuerdo recoge para este
próximo trienio, ello significará el más rotundo fracaso de esta negociación. La
crisis no espera de medidas a aplicar en 2014 o en años venideros, sencillamente
requiere de una respuesta efectiva e inmediata.
Por tanto, todo parece
indicar que el acuerdo es fruto de una puesta en escena bien calculada en la que
ambas partes, con supuesto ánimo conciliador, han hecho aparente (que no
decidida) dejación de sus tópicas y anquilosadas posiciones en aras de nuestra
maltrecha economía, conscientes de que su falta de voluntad para abordar, como
era su obligación, un nuevo marco legal de las relaciones laborales en nuestro
país, obliga al Ejecutivo a asumir el protagonismo en la promulgación de una
reforma laboral. A partir de aquí, veremos cómo se comportan los agentes
sociales, especialmente los sindicatos, dado que tienen la llave de la
conflictividad laboral. Ante esta situación,
no
queda más que confiar en la reforma laboral del Gobierno.
Y esperamos que ésta sea la definitiva. Las empresas de este país, que las
integran también, no lo olvidemos, los trabajadores, no pueden esperar más
tiempo ni soportar más decepciones.