A finales de septiembre pasado la prensa boliviana, con titulares más o
menos parecidos, daba cuenta de la siguiente noticia: “Anuncian sindicatos
oficialistas que cercarán Congreso boliviano por nueva Constitución”. Ante el
anuncio de los partidos opositores de que sus legisladores, con los votos que
legítimamente representan, bloquearán en la Cámara cualquier convocatoria a un
referéndum para aprobar la nueva Constitución, la respuesta del oficialista MAS
(Movimiento al Socialismo) y de los movimientos sociales que lo integran fue
contundente. A partir del 13 de octubre los sindicatos campesinos y obreros
partidarios del gobierno cercarán el Parlamento para obligar a diputados y
senadores a aprobar la ley de convocatoria a la consulta sobre el texto
constitucional. Lo más curioso del caso es que el presidente
Evo
Morales participó de la reunión que tomó semejante decisión y
la avaló con sus palabras y sus hechos.
Sin embargo, no es la primera
vez, desde la llegada de
Evo Morales al poder, que ocurren
fenómenos
semejantes. A fines de noviembre de 2006 el Senado debía aprobar un
proyecto de ley que creaba el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Como
las perspectivas señalaban la posibilidad de una derrota gubernamental, grupos
afines al MAS impidieron el ingreso en el recinto de los parlamentarios
opositores, poniendo cerco al Congreso desde 48 horas antes del comienzo del
pleno. Como carecían de quórum propio, habilitaron a dos senadores suplentes de
la oposición, previamente convencidos de votar a favor, de modo que se pudiera
aprobar la Ley INRA, así como 44 contratos petroleros y se convalidara un
acuerdo de cooperación militar con Venezuela.
Los constituyentes masistas
decidieron reunirse de forma semi clandestina, y sin la participación de la
oposición, a fin de aprobar el nuevo texto constitucional, en una actitud
claramente contraria en el texto legal que reglamentaba la convocatoria de la
Asamblea y su funcionamiento
Un año después, el MAS,
que había perdido el control del Senado, volvió a movilizar a sus huestes, con
motivo de la discusión de otras medidas especialmente sensibles para la política
social del gobierno. Y al igual que en el pasado, mineros, cocaleros, campesinos
y pobladores de El Alto pusieron cerco al Parlamento. En esta oportunidad se
trataba de aprobar el nuevo reparto del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH), que
implicaba menos dinero para las regiones y universidades. Nuevamente, los
senadores oficialistas, más los mismos senadores suplentes, sacaron adelante la
propuesta del gobierno, que también implicaba el pago de la renta Dignidad, una
especie de pensión no contributiva para los mayores de 60 años consistente en el
pago de 200 bolívares mensuales.
La Asamblea Constituyente conoció
formas similares de democracia directa y participativa. En 2007 los movimientos
sociales masistas cercaron el teatro Gran Mariscal, de Sucre, donde se estaba
discutiendo la nueva Constitución. Esta vez el temor eran las presiones de los
chuquisaqueños que exigían la capitalidad plena para su ciudad. Después de unos
serios desórdenes, que terminaron con víctimas mortales, los constituyentes
masistas de la Asamblea decidieron reunirse de forma semi clandestina, y sin la
participación de la oposición, en Oruro, a fin de aprobar el nuevo texto
constitucional, en una actitud claramente contraria en el texto legal que
reglamentaba la convocatoria de la Asamblea y su funcionamiento.
La matanza de Pando evidenció hasta
dónde pueden llegar estos conflictos cuando se apuesta por la movilización
popular y no por la negociación política
No se crea,
pese a todo, que estas formas de democracia popular son nuevas. Los presidentes
Sánchez de
Lozada (Populismo y democracia representativa en América Latina) y
Carlos Mesa fueron forzados a renunciar después de numerosos bloqueos de
caminos y movilizaciones de los movimientos sociales. Una vez Evo Morales en el
poder, la oposición comenzó a poner en práctica métodos similares, que
alcanzaron su máxima expresión en los últimos meses, cuando se produjo la
pulseta (pulso en jerga boliviana) en torno al reparto del IDH y a la
cuestión autonómica. La matanza de Pando evidenció hasta dónde pueden llegar
estos conflictos cuando se apuesta por la movilización popular y no por la
negociación política.
Después de los sucesos de Pando el gobierno
boliviano, respaldado por
Hugo Chávez, comenzó a hablar del “golpe de
estado autonómico o cívico – prefectual”, por las fuerzas cívicas que respaldan
a los prefectos autonómicos. La protesta era contra la imposición, por la vía de
los hechos y de la movilización popular, de reivindicaciones específicas de la
oposición. Según se ve, los métodos empleados desde el poder en las
negociaciones en marcha, con mediación internacional, no son muy diferentes.
He ahí las limitaciones claras y precisas de la democracia directa y
participativa, especialmente cuando los grupos políticos y sociales son capaces
de movilizar a grupos enfrentados entre sí. Entonces aparece la
lógica de la
violencia y de la fuerza y quien tiene la razón, toda la razón,
es aquel capaz de movilizar más o de imponerse por la fuerza a sus enemigos, que
no adversarios. La liquidación del contrario se impone al diálogo y a la
búsqueda de consensos, en una espiral nefasta que tiende, lamentablemente, a la
anomia social.