Supongo
que entre los más reconocidos estará el grupo de abogados y cineastas que
produjo el documental “Presunto
culpable”, pues no sólo confirmó la esencia de la denuncia
que hacen en la cinta, sino que documentó ante México y el mundo que los excesos
y el autoritarismo de los cuerpos policiacos mexicanos no se limita a la tropa,
sino que alcanza a los niveles más altos y que, al menos en el caso de García
Luna, fue tolerado por un gobierno y premiado por el siguiente, asuntos, ambos,
que deberían ser explicados a la opinión pública nacional si se toma en serio la
transparencia y la rendición de cuentas.
El
show del ex director de la AFI (Agencia Federal de Investigación) no sólo
implicó el gasto de dinero del erario, sino también exigió destinar personal a
esas tareas. Supongo que utilizar recursos públicos para producir la escena de
la falsa aprehensión de Cassez entraña uno o varios delitos tipificados en el
Código Penal y diversas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, que prevé las correspondientes
sanciones.
La
arbitrariedad de las autoridades es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo.
Su más remoto origen está en el ejercicio perverso del poder religioso y civil
en la Colonia, que se ha venido actualizando hasta nuestros días. Lo que no
había ocurrido es que la cabeza de la corporación policiaca de élite ofreciera
una prueba tan contundente e irrefutable de los abusos que se cometen con el
pretexto de la seguridad pública.
Porque
lo que García Luna exhibió ante propios y extraños no fue la aprehensión de unos
delincuentes, sino el desprecio de la autoridad por la verdad y por los derechos
más elementales de las personas. Y es que, por execrable que sea Florence
Cassez, no deja de ser persona ni de tener derechos, por ejemplo, a ser remitida
al Ministerio Público tan pronto como fue aprehendida, a ser juzgada con pruebas
auténticas y a recibir la asistencia del consulado de su
país.
Estos
derechos no privilegios exclusivos de la francesa y, con excepción del último,
tampoco lo son de los extranjeros. Todos los habitantes de las republicas los
tenemos, y el hecho de que se hayan violado sistemáticamente los de cientos de
miles de personas y que usted y yo estemos indefensos ante cualquier policía,
agente del ministerio público o juez venal, no invalida los derechos de la
señora Cassez.
Claro
que las víctimas también tienen derechos y fueron gravemente lesionados por la
banda de secuestradores ala que presumiblemente pertenecía doña Florence. Hay
motivos para pensar que esa señora tiene tanta culpa como sus cómplices, pero
ese no fue el tema que abordó la Suprema Corte y por ello no podría haber
emitido un fallo al respecto. Más aún, si el Estado mexicano liberó a una
criminal y ésta fue recibida como heroína por los franceses, incluyendo a su
gobierno, se debe a la falsificación que intentó hacer el ex jefe
policiaco.
Gracias
a ese montaje y al desarrollo del caso, el fallo de la Corte, que por cierto se
apega a Derecho, será invocado como precedente por los abogados de otros
delincuentes en juicios similares, empezando por la banda de secuestradores
encabezada por el ex novio de Cassez, pues si los derechos de estos sujetos
también fueron violados, el Estado no puede convalidar juicios que, en su caso,
se apoyen en pruebas prefabricadas.
Una
de las consecuencias positivas del escándalo es el clamor por que se investigue
a García Luna, no sólo en cuanto se refiere al manejo del caso Cassez, sino en
toda su gestión como director de la AFI y Secretario de Seguridad Pública
federal. Que se le investigue, no por el prurito de castigar a un funcionario
que parece haber abusado de sus atribuciones como tantos otros, sino para que
este lamentable incidente sirva para que los funcionarios y empleados de
Seguridad Pública sepan que en México ya no se toleran los abusos del
poder.
Cualesquiera
que sean los resultados de esa necesaria investigación, el caso Cassez debería
ser el punto de partida para sanear los cuerpos policiacos y de procuración y
administración de justicia. Me imagino que ese saneamiento –cuya dimensión es
monumental–es una de las prioridades del nuevo gobierno. Pero la farsa de García
Luna le da la gran oportunidad de apoyarse en la indignación de la gente para
enfrentar los intereses creados que se benefician de la arbitrariedad
impune.
Se
ha probado es que los abusos de la autoridad policiaca no afectan solamente a
las personas, lo que de suyo es grave, sino que lesionan la dignidad y
respetabilidad internacional del Estado y del país como un todo. ¿Quién y cómo
va a compensar el desprestigio nacional e internacional del Estado
mexicano?