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Alberto Fujimori

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Vladimiro Montesinos

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Análisis/Política y sociedad latinoamericana
América Latina y la lucha contra la impunidad
Por Carlos Malamud, sábado, 10 de marzo de 2001
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala y un juez federal de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hicieron públicos en la misma semana sendos fallos que, a no dudar, tendrán importantes consecuencias en los esfuerzos que se realizan en distintos países por reforzar la justicia en América Latina y en la lucha contra la impunidad.
En los últimos años mucho se ha discutido en España en torno a la dicotomía entre judicialización de la política y la politización de la justicia, excesos ambos que nunca conducen a buen puerto. Simultáneamente, buena parte de los análisis más lúcidos sobre América Latina coincidían en la debilidad de sus Estados y de las instituciones democráticas y en el aporte decisivo que a esta situación provocaba el deficiente funcionamiento del Poder Judicial, basado en buena parte en su falta de independencia respecto del Poder Ejecutivo. En algunos países el desprestigio de los jueces era sólo comparable al de los políticos. Quizás haya sido el Perú de Fujimori, afortunadamente hoy sólo un recuerdo del pasado, uno de los ejemplos más patéticos, donde los jueces y fiscales eran manipulados por Montesinos y su todopoderoso aparato. Los testimonios de los vladivídeos así lo atestiguan.

El gobierno de Paniagua ha provocado un giro copernicano en la administración de justicia en el Perú. La limpia ha sido colosal y en estos días estamos asistiendo a una importantísima revalorización del papel que el Poder Judicial y la justicia juegan en el país andino. Las investigaciones en marcha han permitido enjuiciar a numerosos personajes del régimen de Fujimori y las baterías de los más militantes se dirigen ahora al que era el núcleo duro del gobierno anterior, el dúo Montesinos Fujimori. Si bien es verdad que estos dos nefastos personajes han sabido ganarse la enemistad de enemigos muy poderosos, también es cierto que sin la existencia de jueces dispuestos a llegar hasta el final de sus instrucciones y procesos, la impunidad seguiría siendo la nota dominante.
Así como Al Capone acabó con sus huesos en la cárcel en plena época de la ley seca por no pagar sus impuestos, es probable que algo parecido ocurra con Ríos Montt y que éste acabe en la cárcel por alterar la ley de bebidas alcohólicas

En Guatemala fue la Corte Suprema de Justicia la que retiró la inmunidad parlamentaria a veinticuatro diputados del oficialista FRG, incluido el general Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso, por haber alterado la ley de bebidas alcohólicas. Por eso, ahora, las voces que exigen la dimisión de los acusados son cada vez mayores. Los seis delitos que se les imputa (violación de la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, ocultación y destrucción de documentos, falsedad ideológica y falsedad material) contemplan penas de 10 a 31 años. Así como Al Capone acabó con sus huesos en la cárcel una vez terminada la época de la ley seca por no pagar sus impuestos, es probable que algo parecido ocurra con Ríos Montt y que éste acabe en la cárcel por alterar la ley de bebidas alcohólicas. Paradojas de la historia... De lo que no cabe dudas es que éste es el mejor camino para acabar con la impunidad en América Latina. Contar con un Poder Judicial fuerte e independiente es mucho mejor garantía para acabar con la impunidad y con la corrupción que embarcarse en una lucha para castigar los delitos de un pasado más o menos remoto, que responde a claves sumamente legítimas (el derecho de las víctimas) pero diferentes y que de seguro no aportará las soluciones que dicen va a traer.

En Argentina, el juez federal Gabriel Cavallo en un largo, meditado y justificadísimo fallo, declaró inválidas, inconstitucionales y nulas las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida aprobadas en 1986 y 1987 por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Tomó su decisión basándose en el predominio del derecho de gentes y en los tratados internacionales firmados por Argentina. De este modo, citó como un precedente decisivo el fallo de la Corte Suprema argentina que permitió la extradición a Italia del nazi Erik Priebke, un fallo que reconocía el derecho de gentes en el ordenamiento jurídico argentino. Este precedente nos conduce al escenario de delitos que, según el derecho internacional, son imprescriptibles y no amnistiables.
Una importante mayoría de la población estaría a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y también de la reanudación de los procesos contra los represores

Más allá de la legítima alegría de los organismos defensores de los derechos humanos que impulsaron en la Argentina la lucha contra los policías y los militares represores y de la preocupación de los militares contra la reanudación de los juicios, lo cierto es que este fallo plantea una serie de cuestiones que deberá resolver la sociedad argentina, ya que es a ella a quien le atañen de forma directa. En este sentido destacan las opiniones del ex presidente Alfonsín y del actual ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que por aquel entonces, y casualmente, ocupaba la misma función.

Tras explicar el contexto histórico y político que había dado lugar a las leyes, Alfonsín señaló que hoy no parece posible el riesgo de involución y de un golpe militar (lo que es totalmente descartable) y que “siempre es peligroso volver veinte años atrás en la historia”. Por su parte, Jaunarena apoyó la constitucionalidad de las leyes en el hecho de que éstas fueron aprobadas por un parlamento democrático. Si bien, como recordó el juez Cavallo, es a la justicia a quien le corresponde discutir la cuestión, el ministro no deja de tener un punto de razón, en la consideración política del asunto.

Según algunas encuestas, una importante mayoría de la población estaría a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y también de la reanudación de los procesos contra los represores. Ahora bien, volvemos a situarnos en este punto ante la irresoluble ecuación del legítimo derecho de las víctimas a exigir justicia y la necesidad de las sociedades de pasar página. Por eso debemos preguntarnos si se debe volver a empezar en todas aquellas causas pendientes, cuya instrucción fue suspendida gracias a las leyes aprobadas en su momento, reabriendo algunas viejas heridas que tanto molestaban a los militares. Y en el caso de reabrir los procesos, ¿cuáles se van a reabrir? ¿todos o sólo aquellos más significativos bien por la identidad de las víctimas, caso de las monjas francesas, o de los victimarios, sean estos Astiz o Suárez Masson?
La subordinación de los militares argentinos al poder civil es total y son muy pocos los uniformados que actualmente piensan en salidas mesiánicas a la antigua usanza

Al mismo tiempo, cierto periodista bien intencionado también recomienda que es necesario reeducar a los militares. En realidad, los militares argentinos ya sufrieron bastantes procesos reeducativos, algunos por la vía del shock. Esto ocurrió con la derrota de las Malvinas que, gracias a su total incompetencia, los puso delante de su propia y brutal realidad. Ya no podían seguir mirándose al espejo, como todavía siguen haciendo buena parte de sus colegas chilenos, con ese aire infantil de inocencia y de yo no fui…, que les permite seguir pensando en la necesidad y oportunidad de su cruzada anticomunista. Los militares argentinos también fueron afectados por los brutales recortes presupuestarios, que no sólo implicaron reducir de forma considerable la adquisición de nuevos armamentos, sino también sus salarios, tan magros como el de buena parte de sus compatriotas. De hecho, la subordinación de los militares argentinos al poder civil es total y son muy pocos los uniformados que actualmente piensan en salidas mesiánicas a la antigua usanza.

Otro de los problemas de la nueva situación es el de la politización de la justicia, que puede afectar la marcha hacia la constitución del Tribunal Penal Internacional. ¿Quiénes son los que politizan la justicia? Sencillamente aquellos que creen encontrar en la justicia el reemplazo de sus deseos revolucionarios. La utopía por la revolución ha sido abandonada en aras de la nueva utopía en la justicia universal, redentora de todos los crímenes contra la humanidad. Como los poderosos no se enteraron antes, que se enteren ahora. Por eso es preocupante la nueva ofensiva del juez Garzón contra los militares argentinos, tras largos meses de parálisis casi total. Si la justicia española actúa porque la justicia argentina no podía hacerlo, no es este el mejor momento, cuando parece que sí lo hace, para poner el pie en el acelerador. Por eso son alarmantes las declaraciones de uno de los abogados de la acusación particular en esa causa, que confía en que a partir de ahora se produzca una mayor competencia entre los jueces por ver quién se acerca más al concepto de Justicia universal. De este modo, asistiremos a una carrera por situarse al lado de Dios, en el supuesto caso de que en el mundo de la Justicia Dios exista.

El fallo del juez Cavallo afecta sólo a la causa que él instruye. Para que sea efectivo habrá que esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, que por cierto ya impartió en su momento una sentencia a favor de la constitucionalidad de las leyes en cuestión. Salvo que la Corte haga una interpretación muy amplia (de momento algo bastante impensable), cada caso que quiera ser revisado deberá pasar por un largo calvario y en ese camino habrá jueces que tengan criterios enfrentados, como ha ocurrido hasta el presente. Más allá de estos problemas, los argentinos de hoy tienen muchas otras cuestiones, tanto o más acuciantes que la presente, en que ocuparse. No se trata de banalizar el tema de las responsabilidades por los derechos humanos, sino de ponerlas en su justo contexto. Con Pinochet a punto de ser juzgado en Chile, los chilenos han demostrado que en estos momentos tienen otras prioridades.
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