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Tribuna/Tribuna libre
Los ciberderechos en la empresa
Por Jordi Giménez Maluenda, sábado, 10 de febrero de 2001
El reconocimiento a los trabajadores de sus ciberderechos es, en la actualidad, una de las batallas democráticas más trascendentes que se libra en las empresas por el acceso a la información, el ejercicio de la actividad sindical y el respeto al derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos
En el mes de diciembre de 2000, el Senado español aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno a regular el uso del correo electrónico e internet como instrumento de comunicación entre trabajadores y sindicatos, garantizando la inviolabilidad y la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Es una manifestación explícita del carácter dinámico que ha de tener el derecho y del esfuerzo permanente que debe realizarse para que la legalidad no pierda el paso en la evolución social, económica y, en este caso, tecnológica.

La consecución de los “ciberderechos”, como se les denomina, es una expresión contemporánea del eterno combate para que la legalidad se ajuste a las necesidades y a los hechos del mundo real. La contradicción entre las distintas posiciones que se mantienen sobre la cuestión se produce en un escenario donde el individuo adquiere la doble dimensión de ciudadano y trabajador, de ahí el protagonismo compartido entre los derechos individuales y los colectivos. Expresión de los intereses plurales que pugnan por conquistar el reconocimiento de un nuevo estadio en los derechos y las libertades, es la coincidencia entre organizaciones tan dispares como la Asociación de Internautas, Kriptópolis y los sindicatos españoles para reivindicar la privacidad de las comunicaciones electrónicas en las empresas y los derechos sindicales en la red.
La defensa del derecho a la información y a la privacidad no puede contraponerse con las obligaciones derivadas de la prestación laboral debida ni con el mantenimiento de la buena fe contractual por parte del trabajador en cuanto al uso de los medios e instalaciones de la empresa

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) tiene un especial protagonismo en este conflicto como lo pone de manifiesto el hecho que haya sido su federación de servicios financieros y administrativos (COMFIA) quien interpuso un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por la censura practicada por uno de los principales bancos españoles (BBVA) a las comunicaciones sindicales a los trabajadores.

Algunos sectores empresariales han argumentado la indefensión que supondría para sus intereses y para las propias empresas la ausencia de control sobre una comunicación que, además, según alegan, utiliza unos medios que son de la propia empresa. Ello les ha llevado a manifestar que la existencia de una relación contractual, como es la relación laboral, comporta la renuncia de una parte de las libertades individuales.

Es evidente que la convivencia de intereses distintos dentro de las empresas y del carácter poliédrico del problema, es decir, sus múltiples caras, hace necesario, además del desarrollo legal correspondiente, alcanzar un consenso sobre los ciberderechos mediante negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, que permita establecer de modo pacífico, según la acepción jurídica del término, el desarrollo de estos nuevos derechos individuales y colectivos sin que otros aspectos fundamentales del equilibrio empresarial se vean deteriorados o simplemente neutralizados.

Así lo han entendido algunas entidades que no han dudado en firmar los primeros acuerdos con la representación sindical para el ejercicio de los derechos de información y comunicación electrónica.

La defensa del derecho a la información y a la privacidad no puede contraponerse con las obligaciones derivadas de la prestación laboral debida ni con el mantenimiento de la buena fe contractual por parte del trabajador en cuanto al uso de los medios e instalaciones de la empresa. Los derechos del empresario y las obligaciones del trabajador en este terreno son claros y, llegado el caso, sus figuras están contempladas en la práctica totalidad de regímenes de faltas y sanciones incluidos en los convenios colectivos sectoriales y de empresa.
El hecho de que, en la legislación vigente, entre los medios de información que están a disposición de los representantes de los trabajadores en las empresas para ponerse en contacto con sus representados no se encuentre el correo electrónico, la Intranet o internet, no puede ser argumento suficiente para sostener la negativa a facilitar el acceso a estos medios para la información individual y colectiva de los trabajadores

Más bien se trata de encontrar la coherencia ante la evolución de los medios tecnológicos, las formas actuales de organización de trabajo y la transformación de los soportes tradicionales sobre los que se transmite la información. Este nuevo equilibrio debe contemplar la realidad renovada que dibuja los cambios que se han operado en la sociedad y en las empresas.

El hecho de que, en la legislación vigente, entre los medios de información que están a disposición de los representantes de los trabajadores en las empresas para ponerse en contacto con sus representados no se encuentre el correo electrónico, la Intranet o internet, no puede ser argumento suficiente para sostener la negativa a facilitar el acceso a estos medios para la información individual y colectiva de los trabajadores. Este hecho es consecuencia del desequilibrio anteriormente referido entre la evolución de la realidad y la mayor lentitud del derecho que ve acelerada su marcha por la evolución de las contradicciones que producen estas diferencias de tempo.

La presión y el consenso siempre han sido una unidad dialéctica que ha ido impulsando a lo largo de la historia la evolución social del hombre y su entorno. En este caso tampoco encontraremos una excepción, por esta razón el devenir de la historia no encontrará un remanso en el terreno de los ciberderechos.

Las empresas con perspectiva de futuro comprenderán, como han empezado a comprender en los casos en los que se han alcanzo acuerdos sobre los ciberderechos, que no hay futuro sobre la base de reaccionar negativamente ante los cambios introducidos por el progreso que abren paso al futuro. Son unos cambios que afectan sensiblemente la realidad de las empresas, con la aparición de una organización del trabajo post-taylorista, con una búsqueda de las mayores cotas posibles de valor añadido que pueda aportar cada integrante de la organización empresarial, con el desarrollo de una nueva cultura del trabajo en la que la utilización de los recursos tecnológicos de nuestro tiempo estén plenamente integrados a fin de optimizar los resultados, incluso con un nuevo papel del individuo dentro de la organización empresarial más allá del trabajador como prolongación de la máquina.

Establecer un nuevo paradigma de derechos y obligaciones, superando lo viejo, apostando por avanzar hacia el futuro de modo decidido, comprendiendo que no es posible ganar el futuro sólo avanzando parcialmente, olvidándose de los nuevos derechos que aparecen con las nuevas realidades, es el reto que tienen por delante los legisladores y muy especialmente los agentes sociales, patronal y sindicatos.

Ante este reto, quién se quede atrás perderá el paso no sólo del compás de la historia sino de la competitividad en términos tanto de eficacia como de eficiencia.
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