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Carlos Malamud

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Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Pinochet, la justicia y los españoles
Por Carlos Malamud, sábado, 3 de febrero de 2001
El procesamiento contra el general Pinochet responde a múltiples causas, la mayor parte de las cuales tiene que ver más con la propia realidad chilena que con el innegable empujón que le dio al caso la justicia española y la actuación decidida del juez Garzón.
El pasado lunes 29 de enero el juez Guzmán, rodeado de una nube de periodistas que llegaron a sacarlo de quicio con su insistencia machacona, hizo público el auto de procesamiento contra el ahora desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet. En él se lo acusa de coautor del secuestro calificado de 18 personas y del homicidio de otras 57, al tiempo que se descarta el principal argumento de la defensa del ex general para que sea sobreseido en virtud de la demencia moderada que le afecta.

En medio de la ciclotimia mediática que caracteriza a nuestra época hemos pasado de la desazón absoluta provocada por la anulación del anterior auto de procesamiento del propio Guzmán, del 1 de diciembre pasado, a la euforia absoluta provocada por este nuevo escenario. En ambos casos estamos ante etapas lógicas y normales de un proceso jurídico que sólo acaba de comenzar y que se presenta largo y complicado. La apelación de la defensa de Pinochet, en medio de un febrero con vacaciones estivales de la Justicia, es sólo un paso más en esta dilatada carrera.
Si nos dejamos guiar por la prensa española, el mojón inicial de esta ruta fue el 16 de octubre de 1998, cuando Baltasar Garzón cursó la orden de detención internacional para que se capturara a Pinochet

Una de las principales cuestiones en torno al tema es cómo se llegó a la situación actual, qué es lo que hizo posible que finalmente se haya dictado este auto de procesamiento contra el comandante en jefe benemérito. Si nos dejamos guiar por la prensa española, el mojón inicial de esta ruta fue el 16 de octubre de 1998, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, cursó la orden de detención internacional para que se capturara a un Pinochet por entonces convaleciente en un hospital londinense.

El paso no fue fácil, ya que en esos momentos el juez Garzón no instruía la causa contra los militares chilenos, que estaba en manos de su colega García Castellón. Sin embargo, gracias a una pirueta jurídica consistente en incorporar la Operación Cóndor al auto que él si instruía contra los militares argentinos, le fue posible lanzar sus redes contra el dictador chileno y posteriormente lograr la unificación de las dos causas.
Fuimos pocos los locales (Felipe González, Emilio Lamo de Espinosa y Oscar Alzaga entre otros) los que manifestamos rotundamente la necesidad de que a Pinochet se le juzgara en Chile. Algunas plumas amigas, escasas, como la de Jorge Edwards, también coincidieron con esta postura

En esos momentos la unanimidad de la opinión publicada (y hablada) española fue casi total: a Pinochet había que juzgarlo en España porque en Chile no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Ya se sabe: omnipresencia militar, una transición incompleta y una democracia maniatada. Fuimos pocos los locales (Felipe González, Emilio Lamo de Espinosa y Oscar Alzaga entre otros) los que manifestamos rotundamente la necesidad de que a Pinochet se le juzgara en Chile. Algunas plumas amigas, escasas, como la de Jorge Edwards, también coincidieron con esta postura. Sin embargo, el vedetismo de las tribus literarias le valió más de un insulto, comenzando por el de pinochetista, por no apoyar la postura de Garzón y de la Audiencia Nacional. Algún novelista, joven brillante, insistió en que de no haber sido por España, Chile nunca hubiera llegado a la situación actual.
Es la madurez del pueblo chileno y de sus instituciones democráticas, y no las lecciones que a la distancia podamos dar desde España, la que va a sentar en el banquillo al senador vitalicio

En realidad, el punto inicial hay que situarlo en enero de 1998, cuando el juez Guzmán admitió a trámite la primera querella contra Pinochet, hoy suman más de 200. Desde entonces se puso a investigar en el terrorífico submundo de los detenidos-desaparecidos, luchando muchas veces contra corriente y enfrentando la oposición de los militares y de los pinochetistas. Es esa instrucción (que no se puede improvisar en un año), y no la sustanciada ante la Audiencia Nacional, la que permite procesar al ex general. Es la madurez del pueblo chileno y de sus instituciones democráticas, y no las lecciones que a la distancia podamos dar desde España, la que va a sentar en el banquillo al senador vitalicio. Es la decisión del Ejército chileno de no implicarse hasta el final en una aventura sin sentido y sin salida, dejando de dar la necesaria cobertura al dictador, y no la buena voluntad de las ONG´s españolas, la que convenció al benemérito comandante en jefe de la necesidad de realizar los exámenes médicos y responder la indagatoria del juez Guzmán.

El pasado mes de enero fue pródigo en acontecimientos. La víspera de los reyes magos, las Fuerzas Armadas chilenas protagonizaron dos hechos importantísimos. En primer lugar su documento ante la Mesa del Diálogo, donde reconocían por primera vez la existencia de los desaparecidos (hasta entonces presuntos) y su implicación en las desapariciones. No sólo eso, también hicieron aparecer a 200 desaparecidos, señalando el horrible destino que habían tenido: arrojados al mar o a la cordillera, o enterrados en fosas comunes. Si inicialmente se pensó que los datos eran inconsistentes, los primeros hallazgos de restos humanos en Cuesta Barriga señalarían lo contrario.

Son muy elocuentes las últimas declaraciones del general Ricardo Izurieta, comandante en jefe del Ejército, quien señaló la preocupación militar por el estado de salud del general. Con todo, sus silencios, más importantes que sus palabras, transmiten el acatamiento de las Fuerzas Armadas a la decisión judicial y dan cuenta de la imposibilidad, o de la simple falta de voluntad, de forzar una situación favorable para el dictador ahora procesado. Si en estos momentos puede haber un peligro de inestabilidad éste se sitúa en las filas del pinochetismo más cerril y entre los militares retirados, que ven como ellos pueden seguir el camino ahora transitado por su anterior jefe.

La serenidad popular en esta coyuntura es ejemplar así como la respuesta del gobierno de Ricardo Lagos, que se ha esforzado en aportar grandes dosis de cordura a este delicado problema. Sólo resta esperar que las fuerzas democráticas chilenas puedan aprovechar la situación para eliminar aquellas adherencias antidemocráticas del pasado (senadores vitalicios, Cosena, etc.) que dificultan homologar a Chile con una democracia totalmente consolidada.
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