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Carlos Malamud es profesor Titular de Historia de América Latina de la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano

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Alvaro Uribe

Alvaro Uribe

Hugo Chávez

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Lucio Gutiérrez

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Fidel Castro

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Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Las tensiones entre Colombia y Venezuela: una piedra más en el camino
Por Carlos Malamud, domingo, 6 de febrero de 2005
El 14 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela el dirigente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Ricardo Granda (a) El Canciller, posteriormente puesto a disposición de las autoridades colombianas en la fronteriza ciudad de Cúcuta. Según el gobierno venezolano fue una violación de su soberanía impulsada por los Estados Unidos, frente a la cual la única salida era la petición de perdón por parte del gobierno de Álvaro Uribe. De ahí la congelación de las relaciones económicas y diplomáticas.
Pese a que la programada reunión entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez no pudo celebrarse, el conflicto entre Colombia y Venezuela había sido previamente reconducido por vías diplomáticas. Durante mucho tiempo las tensiones fronterizas fueron una constante desde el mismo momento de la independencia y el Congreso de Cúcuta, que mostró el enfrentamiento entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y el fracaso del proyecto de la Gran Colombia. En 1891, el laudo arbitral de la regenta española María Cristina no pudo solucionar todos los conflictos de límites que tienen su máxima expresión en el litigio por ciertos territorios del Golfo de Venezuela, o de Coquivacoa, según los colombianos. Pero más allá de los precedentes históricos, las tensiones entre los dos países aumentaron con la llegada de Hugo Chávez al poder y su deseo de reconocer a las FARC como parte beligerante en el conflicto colombiano, lo que evidencia claramente su simpatía por este grupo terrorista con quien comparte no sólo su devoción bolivariana, sino también un proyecto común de desestabilización continental, como se evidencia por la participación de ambos en el Foro de Sao Paulo.

La puesta en marcha de la “política de seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe ha tensado más la situación, al intentar que las fuerzas armadas y de seguridad colombianas recuperen el control de todo el territorio nacional. La presión militar en algunas zonas de Colombia aumentó la necesidad de los movimientos terroristas de contar con santuarios y retaguardias eficaces más allá de las fronteras, como ocurre en Ecuador y Venezuela. Sin embargo, mientras en Ecuador el gobierno de Lucio Gutiérrez se muestra receptivo a los pedidos de Uribe, aunque evitando un enfrentamiento abierto con las FARC, la política venezolana evidencia una mayor empatía hacia el grupo terrorista, que se manifiesta en la libertad de movimientos que los militantes de la FARC y el ELN tienen en Venezuela, como evidenció el último secuestro. Precisamente, Granda es miembro de la comisión internacional de las FARC y posee la ciudadanía venezolana. Según el gobierno de Caracas, a través de su ministro de Interior, Jesse Chacón, “el canciller” obtuvo la nacionalidad venezolana mediante documentación falsa, una aclaración que debe ser vista como un intento de tomar distancia de las acusaciones de complicidad con el terrorismo. En este punto vale la pena recordar las nacionalizaciones masivas de colombianos en los meses previos al referéndum revocatorio que permitió la continuidad de Hugo Chávez al frente del gobierno.

Desde el punto de vista de la aplicación de sus políticas populistas la invocación de las pulsiones nacionalistas es útil

La complicidad entre Chávez y las FARC se hizo evidente en la versión que éstas últimas dieron de los hechos que condujeron a la detención de Granda y en su posterior petición de explicaciones al gobierno venezolano. Según informan las propias FARC en su página web, Granda estuvo en Caracas el 8 y 9 de diciembre invitado por “las organizaciones bolivarianas concentradas en Venezuela, con el aval de las autoridades del gobierno de este país”. Más aún, “ante lo ocurrido en Caracas por el secuestro de Ricardo solicitamos al gobierno bolivariano de Venezuela fijar una posición frente a las garantías a las demás organizaciones bolivarianas que eventualmente visiten su país”. Como las FARC se autoproclaman bolivarianas está claro que lo que están solicitando es una aclaración oficial sobre su estatus en Venezuela. Esta toma de postura implica, evidentemente, un reconocimiento claro de la connivencia existente entre las FARC y el gobierno de Caracas, en un tono que sólo se usa con los amigos o aliados.

Rápidamente la polémica subió de tono. El 14 de enero, ante la Asamblea Nacional en Caracas Chávez señaló que había: "ordenado paralizar los acuerdos y todo negocio con Colombia. Se paraliza el gasoducto transcaribeño, lamentablemente, pero hasta que no sea reivindicada la soberanía violada de Venezuela, yo me veo obligado a tomar estas decisiones... Con mucho dolor he retirado al embajador venezolano en Bogotá y no regresará mientras el gobierno de Colombia no ofrezca disculpas y rectifique acerca de lo que ha hecho." De este modo, el gobierno bolivariano congeló las relaciones económicas que a lo largo de 2004 habían conocido una espectacular recuperación, mucho más notable después de la contracción de 2002 y 2003. Como también se veían afectadas las relaciones diplomáticas, Chávez se encargó de enfrentar el problema desde una perspectiva claramente nacionalista y victimista, con el reiterado argumento de la soberanía violada, que le reportó incontables beneficios internos. Desde el punto de vista de la aplicación de sus políticas populistas la invocación de las pulsiones nacionalistas es útil, ya que sirve para cubrir varios objetivos simultáneos: el alineamiento de los sectores populares detrás de su líder carismático, la justificación del enorme gasto público que supone la política de rearme a que está abocado su gobierno y el mantenimiento de la tensión contra los Estados Unidos, la verdadera encarnación del mal.

Mientras Venezuela acusaba a Colombia de la violación de su soberanía, o de su violación soberana, el gobierno de Bogotá insistía en su legítimo derecho de combatir al terrorismo y en la falta de cooperación existente al otro lado de la frontera

Desde esta perspectiva volvió a aparecer la teoría conspirativa, ya que según Tarek William Saab, gobernador del estado de Anzoátegui y ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, “hay gente que quiere ver a Colombia y Venezuela enfrentados y rompiendo relaciones”. Luego señaló que “ojalá me equivoque, pero ojalá la larga mano de los agentes de los Estados Unidos no esté metida en esto”. A esto se agrega un estado de movilización que sólo beneficia al gobierno bolivariano e instigado directamente desde sus principales núcleos de poder, a tal punto que se amenazaba con una movilización semanal hasta que Colombia pidiera perdón, que era el precio exigido para terminar con el altercado.

Mientras Venezuela acusaba a Colombia de la violación de su soberanía, o de su violación soberana, el gobierno de Bogotá insistía en su legítimo derecho de combatir al terrorismo y en la falta de cooperación existente al otro lado de la frontera. Es un hecho que hace tiempo que el conflicto colombiano dejó de ser un conflicto interno para convertirse en un problema regional, por más que muchos gobiernos insistan en mirar para otro lado. Pero como ha quedado de manifiesto, la política colombiana de extender la lucha más allá de sus fronteras, que tuvo otro capítulo importante con la captura de Simón Trinidad en Quito a principios de 2004, tiene sus ventajas pero también sus múltiples inconvenientes, si no se hace de común acuerdo. La lucha contraterrorista de España en Francia intentando acabar con los santuarios de ETA ha rendido sus mejores frutos cuando la coordinación entre ambos países fue una realidad. Para ello no bastaba con que los dos fueran miembros del mismo club (la Unión Europea en un caso o la Comunidad Andina de Naciones en el otro) o que ambos países fueran estrictamente democráticos, cosa que aquí no ocurre, sino que hubiera sintonía entre ambos gobiernos. Por el contrario, lo que se ve es una profunda desconfianza entre ambos mandatarios.

La actitud del embajador de Estados Unidos en Bogotá, saliendo en defensa del gobierno Uribe, encrespó una situación que alarmó a la región. Si bien lo positivo fue la preocupación de otros gobiernos por solucionar el tema, Brasil, México, Perú o Chile, lo negativo fue el papel relevante jugado por Fidel Castro en la solución de la crisis. Pero hay poco margen para el optimismo. La reunión de Caracas es sólo un punto y seguido en una coyuntura que seguirá como hasta ahora, aunque el margen con que cuenta Venezuela para seguir albergando a los terroristas colombianos en su territorio se habrá visto mermado apenas un poco.
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