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Carlos Malamud es profesor Titular de Historia de América Latina de la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano

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Alvaro Uribe

Alvaro Uribe

Pastrana y Marulanda

Pastrana y Marulanda

Hugo Chávez

Hugo Chávez

Luiz Inácio "Lula" da Silva

Luiz Inácio "Lula" da Silva


Análisis/Política y sociedad latinoamericana
¿Se extiende el conflicto colombiano?
Por Carlos Malamud, miércoles, 9 de abril de 2003
Algunas denuncias, posiblemente interesadas, de los servicios de inteligencia militares y policiales colombianos informaban que el máximo jefe de las FARC, el Sr. Tirofijo, estaba refugiado en tierras venezolanas, muy cerca de la frontera con Colombia. Durante la presidencia de Andrés Pastrana el apoyo dado por el presidente Hugo Chávez a los insurgentes de las FARC y el ELN envenenó las relaciones entre los dos países. Hoy, el presidente Alvaro Uribe está realizando, con desigual resultado, un enorme esfuerzo para sumar a los países vecinos a su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
El brutal y sangriento atentado contra el club El Nogal, lugar de encuentro de las elites bogotanas, fue la clara y definitiva señal de que el terrorismo colombiano había apostado por extender su lucha a las ciudades. Según distintas fuentes gubernamentales implicadas en la investigación, la autoría de atentado corresponde claramente a las FARC, aunque éstas, bastante preocupadas por las repercusiones que su accionar tiene en el contexto internacional, rechazaron su responsabilidad y la atribuyeron al terrorismo de Estado. Desde el gobierno, la policía y la fiscalía se insiste en que son numerosas las pruebas que inculpan a las FARC, lo que coincidiría con su actual estrategia de llevar el terror a las ciudades, como se ha visto en Bogotá y en otras partes del país. El coche bomba es la pieza central de un accionar que pretende sembrar el desconcierto en el gobierno y busca restarle al mismo el importante respaldo político del que todavía goza para combatir a la delincuencia organizada. Por eso, tanto las FARC, como el ELN y los paramilitares buscan potenciar columnas de milicianos urbanos, capaces de apoderarse y controlar barrios enteros de las principales ciudades del país.

Numerosos analistas se preguntan por las razones de semejante giro estratégico, que en el caso concreto de las FARC resulta claramente contradictorio con su larga tradición de lucha rural. Si bien mi interpretación puede sonar algo contradictoria, creo que, con bastante probabilidad, este giro responde a la situación de debilidad estratégica que actualmente atraviesa el grupo de Marulanda. ¿Cómo se puede hablar de debilidad estratégica de un grupo que aparentemente tiene la iniciativa en un conflicto, gracias a los enormes recursos que controla y a su aparente fortaleza en su política de jaquear al gobierno? Pese a su discurso pomposamente triunfalista, los máximos jefes militares de las FARC saben que nunca podrán derrotar militarmente al Estado colombiano. Gracias al plan Colombia, durante la administración Pastrana el ejército y las fuerzas de seguridad colombiana pudieron ser reforzadas, de modo que hace tiempo que las FARC no pueden movilizar a cientos o miles de combatientes simultáneamente para dar golpes espectaculares contra instalaciones militares, como hacían años atrás. A esto hay que sumar el abandono forzoso de la famosa zona de despeje, después de que se rompieran las negociaciones con el gobierno y especialmente la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe.

En otras partes de América Latina, todas las experiencias de guerrilla urbana fueron derrotadas, dada la mayor vulnerabilidad que tienen los combatientes dentro de las ciudades

Los terroristas debieron replantear su estrategia al verse privados de un territorio vital para su supervivencia, que les sirvió de retaguardia, campo de adiestramiento, lugar de reunión de sus cúpulas militar y política, sede de sus prisiones y campos de concentración, etc. Esta situación se hizo mucho más evidente cuando las apuestas contra el Estado colombiano se habían elevado a grados desconocidos en el pasado, a tal punto que si uno se deja guiar por la propaganda terrorista la conquista del poder estaba al alcance de la mano. Los pingües ingresos provenientes mayoritariamente del narcotráfico, el secuestro y la extorsión le permitieron armar a más de 17.000 combatientes, que tienen repartidos por todo el país. Tras su expulsión del Caguán y zonas aledañas, el retorno a las tácticas anteriores hubiera supuesto un retroceso desde la perspectiva de las FARC, al evidenciar una falta de acumulación de fuerzas en el período de negociación. Hay algunos reputados analistas que señalan que gracias a sus orígenes campesinos, las FARC tienen un especial dominio del tiempo, carente de las prisas que nos afectan a los urbanitas, que les permite conducir brillantemente el conflicto. Sin embargo esto parece que no es así y que las FARC también son vulnerables a las presiones de Cronos y al contexto político nacional e internacional en el que se mueven. De otra manera, no se acaba de comprender totalmente esta huída hacia adelante, que más allá de sus repercusiones espectaculares puede terminar conduciéndolas a un callejón sin salida, especialmente si tenemos presente el escaso respaldo popular con que cuentan en los medios urbanos. Recordemos que en otras partes de América Latina, todas las experiencias de guerrilla urbana fueron derrotadas, dada la mayor vulnerabilidad de estos combatientes dentro de las ciudades. La lucha urbana requiere de militantes fogueados y convencidos y no de jóvenes reclutados en las filas rebeldes por su necesidad de cobrar un salario.

Si en el pasado las zonas fronterizas eran utilizadas por las guerrillas para los más diversos cometidos, comenzando por el contrabando de armas, hoy la actividad delictiva a lo largo de todas las líneas demarcatorias de Colombia (varios miles de kilómetros) se ha intensificado, en relación directa al incremento producido en los últimos años en el tráfico de drogas en todos los países de la región. Las zonas de frontera, dada la posibilidad de una rápida huida a zonas más seguras ante la persecución de las fuerzas armadas colombianas, sirven para que las fuerzas guerrilleras se recuperen y abastezcan, para que los rehenes y prisioneros en su poder esperen el momento del pago del rescate y su posterior liberación, como refugio para los dirigentes perseguidos, etc. La detención del peligroso narcotraficante brasileño Fernandinho Beira-Mar en un campamento de las FARC en el corazón de Colombia y su posterior deportación al Brasil, donde todavía permanece en prisión, sirvió para probar de un modo fehaciente los profundos vínculos entre la acción delictiva de las grandes mafias de narcotraficantes con los grupos terroristas. Fernandinho había puesto en marcha un lucrativo intercambio de armas por drogas a través de la selva amazónica y se había convertido en una pieza esencial para las FARC.

La renuencia de los países vecinos de Colombia a apoyar la lucha del gobierno Uribe contra el narcotráfico y el terrorismo no se limita a Brasil

Pese a todo, el gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso había decidido no involucrarse directamente en el conflicto. En parte, por la prolongada tradición latinoamericana de no ingerencia en los asuntos internos de otros países, y también por el temor de no llevar a su propio territorio las tensiones inherentes a un combate sistemático contra una fuerza terrorista de las características de las FARC. A esto hay que sumar el rechazo de Brasil al Plan Colombia, ante la posibilidad de verse arrastrado a una internacionalización del conflicto de las manos de los Estados Unidos, lo que también hubiera supuesto amenazar los planes brasileños de convertirse en un factor hegemónico en América del Sur. Sin embargo, parece que el presidente Lula está produciendo un pequeño giro estratégico en relación a la postura del gobierno colombiano, quizá debido a una mayor comprensión de los graves peligros que supone el narcotráfico para la convivencia de los brasileños y también por la violencia desestabilizadora que ciertas bandas de narcotraficantes provocan en las principales ciudades del país, comenzando por Rio de Janeiro.

La renuencia de los países vecinos de Colombia a apoyar la lucha del presidente Uribe contra el narcotráfico y el terrorismo no se limita a Brasil. Ni Ecuador, ni Perú ni Bolivia han respondido positivamente al pedido del gobierno de Bogotá de declarar a las FARC una organización terrorista. Sólo Panamá, entre todos ellos, se ha hecho eco de tales demandas, probablemente por su mayor disponibilidad frente a la postura del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, en la reciente cumbre regional celebrada en Bogotá (con la presencia como observadores de Estados Unidos y la Unión Europea) se obtuvieron algunos compromisos de una actuación más contundente en la frontera y de intercambio de inteligencia. Si el combate contra el terrorismo no avanza y no comienza a dar los frutos esperados, una de las principales cuestiones que pueden enfrentar los países de la región en un futuro no muy lejano es que su actitud de dar la espalda a los hechos les termine pasando factura. Las fronteras sólo existen para los Estados y para la ley, pero no para los delincuentes, como se ha podido comprobar hasta la saciedad. Un problema de los gobiernos y las sociedades latinoamericanas es su rechazo tajante a la globalización y a todo lo que ello implica, lo que en casos como éste puede terminar conduciendo a actitudes suicidas.
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