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Manuel Álvarez Tardío es Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Manuel Álvarez Tardío es Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid




Tribuna/Tribuna libre
Memoria y olvido en democracia
Por Manuel Alvarez Tardío, lunes, 06 de enero de 2003
Es sabido que existe una opinión muy extendida entre algunos españoles –y compartida por muchos profesores de historia- acerca de los orígenes de la dictadura de Franco, en virtud de la cual el golpe de Estado de julio de 1936 fue causa de la destrucción de la República, un régimen democrático y pluralista. Así, el fracaso del pronunciamiento militar dio lugar a una larga y cruenta guerra civil en la que los rebeldes nacionales o franquistas, apoyados por las potencias fascistas europeas, destruyeron al gobierno legítimo de la República, bajo cuya égida luchaban todos aquellos españoles que creían y amaban la libertad, y entre los que se encontraban desde los socialistas a los comunistas, pasando por los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, siempre incomprendidos, perseguidos y humillados.
Es sabido también que quienes así opinan consideran que la permanencia de la dictadura franquista sólo se explica por la complicidad de las democracias liberales europeas con el franquismo y muy especialmente por el apoyo político y financiero de los Estados Unidos de América. Y que estos mismos sostienen que tras la muerte del dictador, las bien aventajadas fuerzas del régimen habrían hecho valer su posición para imponer una vía hacia la democracia de la que se excluyera un macrojuicio por las responsabilidades políticas del régimen franquista.

Es sabido, asimismo, que entre todos estos historiadores y publicistas existe un sector minoritario pero especialmente combativo y muy bien atrincherado entre los servidores de la Administración, que considera que en 1978 se traicionó a quienes habían luchado a favor de la democracia republicana y que, por tanto, dejó de andarse un camino que está todavía por recorrer. Son los mismos que siempre que pueden acuden a manifestaciones, encuentros, congresos y celebraciones múltiples con el traje adecuado para representar la función de protesta y advertir a la sociedad española de la amenaza fascista que se cierne sobre el país. Cuentan además con quienes parapetados desde sus puestos funcionariales o en sus trincheras mediáticas aprovechan las susodichas celebraciones para denunciar el debilitamiento de la democracia española y la intolerancia de los gobiernos conservadores, intolerancia que asocian, cuando menos, con comportamientos “predemocráticos”. Contribuyen también algunos periodistas que imbuidos por esas creencias generales y científicas no desean apartarse de su función primordial, la de guardianes de la democracia.

Es sabido además que todas estas personas menosprecian el progreso material alcanzado en nuestro país y viven, no ya de espaldas a la realidad económica, sino a la misma realidad política. No importa que hayamos logrado dos décadas largas de régimen constitucional y de democracia representativa, que el sistema político haya permitido varias alternancias sin violencia en el gobierno de la nación, que la renta per capita o el nivel educativo de los españoles se haya elevado a niveles inimaginables a mediados del novecientos, o que el Estado haya aguantado sin desintegrarse más de veinte años de un fuerte proceso descentralizador. Tampoco es relevante, al parecer, la dura batalla que la joven democracia española ha tenido que librar contra el terrorismo etarra y sus cómplices, sin duda la verdadera amenaza para nuestro Estado de derecho.
A la ideología cerrada y holística no le sirve la realidad, más bien le estorba, le irrita, le impide permanecer inmaculada. Para esa misma ideología la memoria es simplemente un instrumento de certificación de calidad, un arma al servicio de quienes dirigen esa especie de comités de salud pública en los que se decide quien está y quien no está contra la verdad

Y es que, como señalaba Hannah Arendt, a propósito del totalitarismo y la destrucción de la democracia –y bien puede aplicarse a las pretensiones “totales” de nuestros protagonistas y especialmente de los nacionalismos excluyentes-, las ideologías reivindican “una explicación total”, y esa ”reivindicación de explicación total promete explicar todo el acontecer histórico, la explicación total del pasado, el conocimiento total del presente y la fiable predicción del futuro”, hasta tal punto que “el pensamiento ideológico se torna independiente de toda experiencia de la que no puede aprender nada nuevo incluso si se refiere a algo que acaba de suceder.” En fin, “el pensamiento ideológico se torna emancipado de la realidad que percibimos con nuestro cinco sentidos e insiste en una realidad más verdadera” (Los orígenes del totalitarismo, Madrid, 1998, p. 571)

A la ideología cerrada y holística no le sirve la realidad, más bien le estorba, le irrita, le impide permanecer inmaculada. Para esa misma ideología la memoria es simplemente un instrumento de certificación de calidad, un arma al servicio de quienes dirigen esa especie de comités de salud pública en los que se decide quien está y quien no está contra la verdad.

Por eso nuestros protagonistas necesitan casi de forma permanente todas esas acciones simbólico-mediáticas con las que demostrar que nuestra democracia no es verdadera. Ya sabemos que para ellos la Transición se hizo en falso; así pues, la victoria de los conservadores no ha hecho sino acentuar el trasfondo “predemocrático” del sistema y por tanto, alertar a las vanguardias sobre el peligro que corre la libertad de los pueblos españoles. Como si volviéramos a 1934, en plena reacción de las izquierdas republicanas y socialistas contra el resultado de las elecciones generales que habían dado la victoria al centro-derecha, la apelación de Azaña sigue vigente y los nacionalistas vuelven a ser el bastión de la democracia. Mientras, el Partido Popular, al parecer infecto de ex franquistas, no hace sino reforzar el centralismo y promocionar la desmemoria. Véase sino la actitud del gobierno conservador en asuntos tales como la reclamación de la Generalidad a propósito de los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca o la proposición no de ley del PNV –respaldada por CiU, PSOE e IU- que en marzo de 2001 proponía al Congreso la condena del golpe militar de julio de 1936.
Es tarea de los historiadores debatir con calidad y honestidad. No es de recibo, sin embargo, que el Congreso de los Diputados y los representantes de la nación sirvan para dar fuerza de ley a la historia, para decidir que memoria es la correcta

Pues bien, la memoria histórica de cada cual es asunto de conciencia y a nadie corresponde entrometerse en tan sagrado apartado. Allá cada cual con las dosis de ficción que es capaz de soportar y con el interés que pueda o no mostrar en la honestidad intelectual, amén del sentido común.

Sin embargo, cuando la apelación a la memoria histórica se inmiscuye en la labor de los políticos y cuando la constante y cansina cantinela de la desmemoria y la crisis de valores quiere usarse para justificar acusaciones políticas y recuperar por la vía de la propaganda lo que niegan las urnas, entonces merece la pena que se hagan unos cuantos comentarios.

Los historiadores pueden y deben discutir a fondo sobre la verdad de tal o cual memoria histórica. Salvo para los afectados de la patología holística expuesta, no es difícil entender que, por ejemplo, negar la cualidad democrática del régimen de la Segunda República no significa legitimar el golpe de Estado de julio de 1936 y mucho menos la represión franquista. Es tarea de los historiadores debatir con calidad y honestidad. No es de recibo, sin embargo, que el Congreso de los Diputados y los representantes de la nación sirvan para dar fuerza de ley a la historia, para decidir que memoria es la correcta. Ya sabemos que esa era una de las actividades preferidas de las asambleas de partido del totalitarismo comunista; también sabemos los resultados. Quizá eso es lo que buscan quienes se empeñan en que los señores diputados se conviertan en jueces de la historia, de su historia. Si impedir que eso ocurra es promocionar la desmemoria, bendita sea la desmemoria.
Una memoria basada en la autocrítica, la sensatez y la comprensión del pasado como un inmenso error colectivo, permitieron establecer el mejor régimen político del que hemos gozado nunca en España

Otro tanto parecido ocurre con la insistencia en que los poderes públicos decidan lo que es apología o no del franquismo o con la demanda siempre abierta para que se prohíba cualquier acto que recuerde a personas o instituciones por una u otra razón vinculadas a la dictadura. Demos gracias de que no exista un comité de salud democrática que decida quien estuvo o no vinculado al franquismo. Extraña, no obstante, que se insista tanto en prohibir la apología del franquismo, pero se acepte como natural los homenajes a, por poner un ejemplo entre muchos, Companys, quien el día 6 de octubre de 1934 llamaba desde su balcón de la sede de la Generalidad catalana a la rebelión armada contra la República, todo eso después de haber violado la Constitución, defendida, paradójicamente, por quienes el mismo Companys calificaba como peligrosos fascistas.

Ocurre, sin embargo, que la memoria histórica que mejor puede contribuir a los valores de la democracia y el pluralismo conlleva altas dosis de autocrítica, sentido común y una cierta correlación entre las ideas políticas y la realidad. Eso es lo que no abundan entre nuestros protagonistas, empeñados en calificar como desmemoria todo lo que contribuya a desmentir o cuestionar su particular ficción del pasado.

El franquismo fue una verdadera desgracia para nuestro país, tanto por las vidas humanas que sesgó como por la regresión cultural y la falta de libertades políticas. Pero no fue el único responsable de la desdichada historia de la libertad en la España del siglo XX. No hay duda de que la Transición a la democracia que empezó en 1975 y que nos ha permitido llegar hasta donde estamos –con un balance, pese a todo, inmensamente positivo- se basó en gran medida en una conciencia histórica que advirtió este último hecho, el de las responsabilidades compartidas. Quienes se empeñan en llamarlo “pacto del olvido” se equivocan, porque fue precisamente lo contrario, una perfecta demostración de que nada había sido olvidado. Eso no significó, por suerte, que el Congreso Constituyente tuviera que decidir sobre la verdad histórica y hacer listas de inocentes y culpables. Una memoria basada en la autocrítica, la sensatez y la comprensión del pasado como un inmenso error colectivo, permitieron establecer el mejor régimen político del que hemos gozado nunca en España.

Lo que no podemos evitar, aunque sí desautorizar, es que haya quienes piensan que la Transición fue una traición a la verdad y a la memoria. No deja de ser curioso que entre estos predominen precisamente los únicos que ni cedieron entonces ni hicieron labor alguna de autocrítica, esto es, los nacionalistas vascos e importantes sectores del nacionalismo catalán. No es menos curioso que haya sido en las llamadas comunidades históricas donde desde la Transición hasta ahora más se haya aplicado el criterio de la venganza y donde los políticos mejor se hayan acomodado a esa tarea tan insidiosa del control público de la verdad histórica. No es la primera vez en la historia contemporánea de España que el nacionalismo confirma su afán por identificar la democracia con el exclusivismo. Y a nadie debería sorprenderle ya que muchos de los que denuncian la amnesia o la desmemoria esconden una profunda y arraigada aversión hacia el pluralismo.
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