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Carlos Malamud es profesor de Historia de América de la UNED y Subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset

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Alvaro Uribe Vélez

Alvaro Uribe Vélez










Análisis/Política y sociedad latinoamericana
¿Es posible la paz en Colombia?
Por Carlos Malamud, domingo, 7 de abril de 2002
A fines de febrero último una serie continuada de provocaciones por parte de las FARC llevaron al actual presidente de Colombia, Andrés Pastrana, a dar por finalizado el proceso de paz con este grupo terrorista y acabar con la parodia que significaba la llamada zona de despeje, un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados en manos de los seguidores del Sr. Tirofijo. En esta situación son muchos los que se preguntan si la paz es posible en Colombia y tantos otros formulan el mismo interrogante, aunque en sentido inverso, demandándose si la guerra puede solucionar algo.
La respuesta en torno a la primera pregunta es de relativa y fácil solución, ya que la paz sólo será posible de un modo civilizado cuando las partes implicadas en el conflicto se avengan a negociar. Por todo lo que se ha visto hasta ahora, la voluntad de diálogo de las FARC es prácticamente nula. La ofensiva que marcó el final de la etapa negociadora y los ataques a puentes y caminos, redes de abastecimiento de agua y electricidad, o a múltiples blancos civiles así lo demuestran. La experiencia de los últimos cuatro años también lo muestra, en una práctica que en términos castizos se definiría como un serio intento de marear la perdiz. Esto se evidencia, por ejemplo, con la exigencia de que el Estado colombiano combatiera de forma efectiva a los paramilitares. Cuando era rentable que los comandantes se sentaran a la mesa de negociación, los paras no existían; cuando se quería frenar el diálogo reaparecían Castaño y sus muchachos de las autodefensas y el proceso de paz se frenaba en seco.

Entonces, si no es posible llegar a la paz porque una de las partes no la quiere, ¿es posible alcanzar la paz? ¿cómo se puede alcanzar esa paz, entendida como el silencio de los fusiles y no como ninguna otra construcción de tipo ético, moral o social? Y aquí es donde aparece la guerra. Según las últimas encuestas, un porcentaje creciente de colombianos cree que es posible derrotar militarmente a los grupos terroristas, lo cual equivaldría a decir, en un análisis simplista, que esa es la vía para acabar con el conflicto. Sin embargo, son numerosos los analistas que nos previenen del hecho de que el conflicto no tiene, no puede tener, solución militar y que nunca se podrá derrotar por la vía de las armas ni a Marulanda-Tirofijo y los chicos de los cilindros (bombonas) de gas ni a Carlos Castaño y sus simpáticos muchachos de la moto-sierra.
Lo que la experiencia demuestra es que a un grupo como las FARC, sobrado de dinero y de voluntad guerrera, sólo la demostración de que no podrá obtener ganancias políticas o económicas con el chantaje armado es lo que puede hacerles cambiar su punto de vista

Así, se nos recuerda que no es lo mismo declarar la guerra que ganarla o ni ganar la guerra que lograr la paz y que este proceso de paz (o de guerra) ya lleva largos años y que la subversión ha crecido en la guerra (Antonio Caballero en la revista Semana). También se señala que más pronto que tarde habrá que sentarse a negociar y por tanto que cualquier esfuerzo en el terreno bélico es inútil. Lamentablemente lo que la experiencia demuestra es que a un grupo como las FARC, sobrado de dinero y de voluntad guerrera, sólo la demostración de que no podrá obtener ganancias políticas o económicas con el chantaje armado es lo que puede hacerles cambiar su punto de vista. Y llegado el hipotético caso de que algún día se muestren dispuestos a dejar las armas habrá que ver si todos los frentes, disciplinadamente, acatarán las órdenes del secretariado o si por el contrario se impondrá la ley del sálvese quien pueda y muchos comandantes, sargentos y soldados deciden seguir haciendo la guerra por su cuenta, por cuanto es lo único que saben hacer y encima les reporta un ingreso económico y un cierto prestigio social. Uno de los grandes temores con las negociaciones que mantiene actualmente el ELN es que sólo una pequeña parte de sus efectivos (en torno al 20%) acate la tregua y que el resto, por mitades, acabe en las FARC o en los paramilitares.

Puede ser que el conflicto colombiano no tenga solución militar. No voy a discutir en este punto con sesudos estudiosos (o violentólogos) que vienen siguiendo el problema desde hace décadas. Lo único que sé es que si como consecuencia de que el conflicto no tiene solución militar y se opta por desarmar a las legítimas fuerzas armadas del Estado colombiano (la policía y el ejército), entonces se producirá un cambio en la correlación de fuerzas que hará que el conflicto sí tenga solución militar. Sin embargo, quien se impondrá en estas nuevas condiciones será el terrorismo. Si se quiere negociar algún día no hay más remedio que apostar claramente para que el Estado recupere el uso legítimo del monopolio de la violencia. En un país como Colombia, que acude regularmente para elegir a sus autoridades y representantes, sobran los controles democráticos para evitar que los derechos humanos se vulneren sistemáticamente, como ocurrió en varias etapas anteriores. Queda entonces exigir que se cumpla la promesa de varios de los actuales candidatos, comenzando por Alvaro Uribe, el virtual ganador según las encuestas, de que la fuerza represiva se empleará con contundencia pero dentro de los cauces democráticos.
Los gobiernos de la región no sólo deberían pensar en la importancia que para la consolidación democrática tiene la solidaridad republicana, sino también los peligros que para sus respectivos países se derivarían de un triunfo terrorista

En este contexto, que no hace augurar en el corto plazo una reducción sensible de la violencia, cabe también preguntarse qué pueden hacer los actores internacionales, comenzando por los Estados Unidos, siguiendo por los países vecinos y terminando en la Unión Europea. El precedente del Plan Colombia es un buen dato a tener presente, especialmente por la forma en que fue rechazado tanto por la Unión Europea como por las repúblicas sudamericanas. Es obvio, que pese a sus importantes limitaciones marcadas por las necesidades de la lucha antinarcóticos, el Plan Colombia sirvió para dotar de mayor movilidad y dotar de mejor armamento y más moral de victoria a algunas unidades de las Fuerzas Armadas colombianas. Sin embargo, sería importante que en el futuro y de cara a una generalización de los combates en todo el territorio nacional las trabas operativas, que no en materia de derechos humanos, impuestas por el Congreso de los Estados Unidos dejaran de estar vigentes.

Los países limítrofes, con Brasil a la cabeza, apostaron por rechazar el plan, temiendo los efectos desestabilizadores y una posible generalización del conflicto que pudiera afectar a sus propios territorios. Es evidente que aquí podemos volver a señalar algo que se planteó más arriba: no hay nada escrito que permita asegurar que el terrorismo no puede ganar y si al gobierno colombiano se le van restando apoyos no resultaría inverosímil un escenario semejante. Por eso, los gobiernos de la región no sólo deberían pensar en la importancia que para la consolidación democrática tiene la solidaridad republicana (algo que en muchas ocasiones es trabado por el antiguo doctrina de la no ingerencia), sino también los peligros que para sus respectivos países se derivarían de un triunfo terrorista. En este panorama Venezuela es una caso aparte, entre otras cosas porque ya ha habido enfrentamientos armados en las zonas fronterizas y hay bastantes testimonios que nos hablan de una cierta cobertura del régimen del comandante Chávez a los combatientes de las FARC.

Por último nos queda nuestra vieja, querida y civilizada Europa, que en su momento rechazó por belicista al Plan Colombia, según recogen las actas del Parlamento Europeo. Es mucho lo que se podría hacer por la paz en Colombia desde este lado del Atlántico, comenzando por la utópica propuesta del desmantelamiento de la PAC (Política Agraria Común), que tan negativas consecuencias provoca en las economías de los países en vías de desarrollo. Pero yendo a cuestiones más concretas, habría que abogar por una rápida inclusión de las FARC, ELN y AUC (Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares) en el listado de organizaciones terroristas, dando un claro mensaje al pueblo colombiano y a la opinión pública europea acerca del bando en que se sitúan nuestros gobernantes. También habría que librar un combate más consecuente en la lucha contra el lavado del dinero proveniente del narcotráfico y que al igual que ocurre en otras partes del mundo en este caso también sirve para financiar al terrorismo. Por último, mejorar la cooperación en materia policial. La policía colombiana debe ser reforzada de modo de extender su presencia a todo el territorio nacional. Sólo un mayor protagonismo policial en la lucha contra el terrorismo reducirá la presencia militar en este enfrentamiento. De este modo será posible que algún día se reanuden las conversaciones de paz, pero para eso es necesario que la democracia se refuerce y acometa sus tareas desde la legitimidad que le confieren el pueblo y la sociedad colombianos.
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