Director: Rogelio López Blanco      Editora: Dolores Sanahuja      Responsable TI: Vidal Vidal Garcia     
  • Novedades

    Wise Up Ghost, CD de Elvis Costello and The Roots (por Marion Cassabalian)
  • Cine

    Antichrist, película de Lars Von Trier (crítica de Eva Pereiro López)
  • Sugerencias

  • Música

    Christmas In The Heart, CD de Bob Dylan (por Marion Cassabalian)
  • Viajes

  • MundoDigital

    Por qué los contenidos propios de un web son el mayor activo de las empresas en la Red
  • Temas

    El pacto como pretexto en la perspectiva de la evolución política mexicana desde 1968
  • Blog

  • Creación

    Prosa poética de Alejandro Krawietz
  • Recomendar

    Su nombre Completo
    Direccción de correo del destinatario
Carlos Malamud es profesor de Historia de América de la UNED y Subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset

Carlos Malamud es profesor de Historia de América de la UNED y Subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset



Andrés Pastrana y Manuel Marulanda

Andrés Pastrana y Manuel Marulanda

George W. Bush

George W. Bush

Osama Bin Laden

Osama Bin Laden

Hugo Chávez

Hugo Chávez

Colin Powell

Colin Powell


Análisis/Política y sociedad latinoamericana
Colombia: el negro futuro del proceso de paz
Por Carlos Malamud, viernes, 2 de noviembre de 2001
El 7 de enero de 1999 el presidente Pastrana iniciaba un esperanzador proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para facilitar el diálogo le regaló a las FARC un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de Suiza, conocida como zona de despeje. Teóricamente el área despejada por las fuerzas de seguridad colombianas debía servir para acelerar el proceso de paz, un proceso que hoy está en peligro.
El 21 de septiembre pasado el secretario de Estado Colin Powell señaló que “toda organización... interesada en operaciones terroristas para derrocar gobiernos legítimos, gobiernos elegidos democráticamente... es una amenaza”. Más allá de los problemas para definir el terrorismo, el cambio de rumbo de la administración norteamericana, consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre, modificó la doctrina antiterrorista de Washington y afectó de pleno el proceso colombiano. Posteriormente se produjeron una serie de declaraciones de altos cargos estadounidenses insistiendo en la misma teoría. Si bien ninguno de los tres grupos colombianos incluidos en la relación de organizaciones terroristas del Departamento de Estado (las FARC, el ELN –Ejército de Liberación Nacional y las AUC –Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares) actúan mundialmente como Al Qaeda, sí combinan, como la red de Bin Laden, el narcotráfico con el lavado de dinero y el terrorismo.

Francis Taylor, coordinador de la lucha contra el terrorismo del Departamento de Estado señaló a mediados de octubre, tras una reunión del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) que “las organizaciones terroristas que operan en Colombia, paramilitares de derecha y guerrillas izquierdistas, son también blancos de la campaña antiterrorista global lanzada por EEUU”, y agregó su deseo de trabajar con los gobiernos implicados para identificar a los terroristas y acabar con sus actividades. Tampoco descartó el uso de la fuerza militar allí “donde sea apropiado” y agregó que para alcanzar sus objetivos utilizarán todos los elementos a su disposición, como la cooperación policial, el intercambio de información de inteligencia y las herramientas que tienen el Tesoro de los EEUU y los demás gobiernos, “para identificar y poner fin a las redes de financiamiento que usan estos criminales”. La aprobación por la ONU de la Resolución 1373, por la cual la comunidad internacional se comprometió a perseguir los fondos del terrorismo, es un excelente mecanismo para luchar contra la financiación ilegal de los distintos grupos terroristas.
El peligro actual es que Colombia se convierta en la principal proveedora de heroína en buena parte del mundo. Esta situación se agrava por la caída en los precios del café y por el riesgo de que muchos campesinos que se dedican a esta actividad la cambien por la más lucrativa de sembrar coca o amapola para producir narcóticos

En la misma línea se expresó Anne Patterson, embajadora de EEUU en Colombia, durante la apertura del Primer Congreso Panamericano sobre Control y prevención del Lavado de Activos, celebrado en Cartagena de Indias el 24 de octubre, al señalar que “EEUU quiere enjuiciar a los miembros de los tres grupos [terroristas] que están involucrados en narcotráfico y lavado de dinero y buscará su extradición”. Es obvio que la implicación de los EEUU en el combate contra el terrorismo fuera de sus fronteras debe ser coordina con los países implicados, especialmente si son regímenes democráticos, y contando siempre con su anuencia. Para que esto funcione eficazmente debe haber una verdadera implicación de los países implicados en la lucha antiterrorista, sin dobleces ni encubrimientos de ningún tipo.

Cuenta Eduardo Posada-Carbó que cuando en julio de 1999 el ex presidente liberal Alfonso López Michelsen señaló que las guerrillas colombianas eran “bandas terroristas” generó una verdadera polvareda en el debate político interno, a tal punto que el entonces presidente del Senado, el conservador Fabio Valencia Cossio, replicó diciendo que esas manifestaciones eran “más peligrosas que un ataque guerrillero” ya que entorpecían el proceso de paz. Con la misma intención, hace unos meses atrás el presidente Pastrana descalificó a quienes utilizaban el término de narcoguerrilla para aludir a las FARC. El peligro actual es que ante la ofensiva contra Afganistán, Colombia se convierta en la principal proveedora de heroína en buena parte del mundo. Esta situación se agrava por la caída en los precios del café y por el riesgo de que muchos campesinos que se dedican a esta actividad la cambien por la más lucrativa de sembrar coca o amapola para producir narcóticos.
Hasta ahora, los colombianos han distinguido la actividad guerrillera del terrorismo, otorgándole a la primera un claro contenido político. Era éste, precisamente, lo que permitía desarrollar conversaciones de paz con los llamados grupos insurgentes

La paciencia norteamericana con el proceso de paz se ha agotado y parece claro que una vez finalizada la presidencia de Pastrana los EEUU se volcarán en el reforzar al Ejército colombiano, una línea iniciada con el Plan Colombia, pero mediatizada por los actuales esfuerzos de paz. Lo que fue el respaldo a las actividades antinarcóticos del Ejército podría convertirse en poco tiempo en un apoyo abierto a las Fuerzas Armadas. De forma coincidente con estos análisis circularon en Bogotá versiones y rumores, nunca confirmados y claramente exagerados, de que los EEUU podrían invadir militarmente Colombia para acabar con el terrorismo. Valdría la pena recordar que cualquier implicación mayor de la administración Bush en el conflicto colombiano deberá contar con el apoyo del nuevo gobierno. Dada la marcha de los sucesos y el discurso belicista del candidato Alvaro Uribe es previsible que los restantes contrincantes en la carrera presidencial, el liberal Horacio Serpa y la independiente de origen conservador Noemí Sanín endurezcan su mensaje contra los grupos terroristas.

Para que la lucha contra el terrorismo tenga mínimas posibilidades de éxito ésta debe ser planteada como una política de Estado en la que se impliquen los principales grupos políticos y sin utilizar el combate contra el crimen organizado en sus enfrentamientos electorales. Esto ocurre en España y ha permitido avances importantes en la materia. La asunción de esta realidad permitirá excluir las medias tintas del debate colombiano, ya que éstas confunden a la opinión pública local e internacional y dan oxígeno a los grupos terroristas. Hasta ahora, los colombianos han distinguido la actividad guerrillera del terrorismo, otorgándole a la primera un claro contenido político. Era éste, precisamente, lo que permitía desarrollar conversaciones de paz con los llamados grupos insurgentes. La pregunta que ahora se hacen algunos analistas colombianos es si en el nuevo escenario existente después del 11 de septiembre será posible mantener esa distinción puramente semántica en la que se basa, entre otras cosas, la concesión dadivosa a las FARC de la llamada zona de despeje. El ex ministro colombiano Fernando Cepeda ha planteado claramente el problema: “¿Se puede en una época de guerra global contra el terrorismo negociar con los grupos que lo practican?”.
Entre 1986 y el primer semestre de este año se produjeron 856 atentados contra el oleoducto, que provocaron el vertido de 2,6 millones de barriles de petróleo a la selva y a los ríos, causando un verdadero desastre ecológico

En una línea parecida, aunque con una dirección contraria, se expresó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien señaló que los grupos guerrilleros colombianos no pueden ser considerados terroristas porque en ese caso no se podría negociar con ellos: “Con el terrorismo no se dialoga, sino que se lo combate”, señaló Chávez en su última visita a Bogotá. Más allá de lo contundente de su afirmación, que sólo abría la puerta al diálogo, los colombianos no confían en absoluto en las manifestaciones del presidente bolivariano al que acusan, con bastante fundamento, de connivencia con las FARC y el ELN.

A fines de octubre se produjo un nuevo atentado del ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno más de una larga serie en la que compiten las FARC y el ELN, con el objeto de extorsionar a las compañías petrolíferas. Entre 1986 y el primer semestre de este año se produjeron 856 atentados contra el oleoducto, que provocaron el vertido de 2,6 millones de barriles de petróleo a la selva y a los ríos, causando un verdadero desastre ecológico. Téngase en cuenta que la cifra es 11 veces superior a las pérdidas sufridas por el buque Exxon-Valdés en Alaska. La extorsión y el cobro del impuesto revolucionario, un verdadero chantaje contra los empresarios, tanto los pequeños y medianos como los ejecutivos de las transnacionales, se han convertido junto a los secuestros en una de las principales fuentes de financiación del terrorismo, complemento evidente del narcotráfico.
Satélites norteamericanos detectaron la presencia de misiles tierra-aire Sam-16, de fabricación rusa, cohetes y otras armas de gran potencial destructivo en la zona de despeje

El 20 de enero de 2002 vencerá la prórroga concedida recientemente por el presidente Pastrana a la zona de despeje. La gran incógnita es qué pasará luego. Sin embargo, tenemos algunas pistas que permiten vaticinar, salvo un cambio radical bastante improbable en la postura de las FARC, un descarrilamiento del proceso de paz. En la reciente prórroga el gobierno impuso mayores controles sobre la zona de despeje con la intención de no seguir consintiendo la constante tergiversación por parte de los terroristas de las razones que permitieron su origen. De zona para el diálogo se pasó a un territorio desde el que se planean y ejecutan atentados, campos de descanso y entrenamiento para los terroristas, campos de concentración donde se hacinan los militares y policías en poder de los seguidores del Sr. Marulanda, etc. Por eso se establecieron controles aéreos por debajo de los 10.000 pies de altura para evitar el contrabando de drogas y de armas; la prohibición de la entrada de extranjeros en la zona de despeje, así como de lanchas o vehículos sin autorización del Gobierno o el patrullaje por parte de la Armada colombiana de los ríos que acceden a la región, lo que supone la firme decisión gubernamental de no levantar los controles militares en torno a la zona de distensión. Los terroristas de las FARC señalaron que esta actitud amenaza el proceso de paz al poner en peligro su seguridad.

Ante las dificultades crecientes que atraviesa el proceso de paz, debido fundamentalmente a la negativa tajante de las FARC a dar ningún paso positivo, la actitud de las autoridades colombianas es de franco pesimismo. El senador Carlos Holguín, presidente del oficialista Partido Conservador, señaló que “el país tiene que prepararse para una ruptura y para una época muy dura, probablemente con una escalada terrorista todavía más fuerte”. La quiebra del estéril proceso de paz, iniciado el 7 de enero de 1999, podría llevar a un considerable incremento de la actividad militar, por no decir a una guerra total contra las organizaciones terroristas. El contexto no es el mejor, teniendo en cuenta las próximas elecciones parlamentarias, marzo de 2002, y presidenciales, mayo del mismo año. Para agravar la situación, el semanario Cambio, dirigido por Gabriel García Márquez, denunció que satélites norteamericanos detectaron la presencia de misiles tierra-aire Sam-16, de fabricación rusa, cohetes y otras armas de gran potencial destructivo en la zona de despeje, teórico escenario de las discusiones de paz. Tal cual están las cosas las posibilidades de un agravamiento de la situación son claras, por ellos los políticos deben comenzar a hablar claramente a su pueblo y decidirse a enfrentar el problema con todo el peso del aparato del Estado.
  • Suscribirse





    He leido el texto legal


  • Reseñas

    Arthur Schnitzler
  • Publicidad

  • Autores