París, Seuil, 2000, 675 pags.

París, Seuil, 2000, 675 pags.



El general Pinochet de uniforme, antes de su paso a retiro

El general Pinochet de uniforme, antes de su paso a retiro

El escritor Ernesto Sábato, responsable del Informe Nunca Más

El escritor Ernesto Sábato, responsable del Informe Nunca Más

El general Videla, tras su detención

El general Videla, tras su detención

Felipe González, expresidente del gobierno español

Felipe González, expresidente del gobierno español


Tribuna/Tribuna libre
Las Comisiones de la Verdad
Por Joan del Alcàzar, sábado, 09 de junio de 2001
La constitución de Comisiones de la Verdad se ha convertido en los últimos años en una necesidad impostergable de rescatar la memoria de la barbarie en aquellas sociedades que transitan desde un régimen dictatorial a un sistema democrático. No hacerlo es abogar por un olvido imperdonable y propiciar la más aberrante impunidad de los verdugos. Sin embargo, hay que dar un paso más: hay que convertir aquella memoria rescatada en historia. Una historia que explique los cómo y los por qué del horror.
Tanto en los procesos de democratización como en los de recuperación democrática, según nos fijemos en aquellos territorios en los cuales la democracia nunca ha existido o, contrariamente, centremos nuestra atención en aquellos en los que fue brusca y violentamente suprimida, el binomio memoria-olvido ocupa un papel estelar. Lógicamente, otorgamos una acepción positiva a la memoria (a su recuperación) y una negativa a su contrario (el olvido). Y es que en contextos en los que el pasado reciente está plagado de horror, cuando aludimos a la memoria y al olvido estamos haciendo referencia a recordar o a omitir lo relativo a las violaciones masivas de los derechos humanos, lo que técnicamente denominamos crímenes contra la humanidad. Cuando decimos memoria, estamos reivindicando la justicia; cuando se propone el olvido, se está pretendiendo la impunidad. El general Pinochet siempre tuvo, a este respecto, las ideas claras: “Es mejor quedarse callado y olvidar. Es lo único que debemos hacer. Tenemos que olvidar. Y esto no va a ocurrir abriendo casos, mandando a la gente a la cárcel. OL-VI-DAR, esta es la palabra, y para que esto ocurra, los dos lados tienen que olvidar y seguir trabajando” (discurso del 13 de septiembre de 1995).

Contrariamente a lo propuesto por el golpista chileno, para la construcción o la recuperación de la democracia el establecimiento de la memoria es, a todas luces, imprescindible. Ernesto Sábato, en el Prólogo al Informe Nunca Más, aquellas páginas empapadas de sangre, de horror y de sufrimiento, ya escribió que la memoria del drama provocado por la dictadura de 1976 a 1982 haría comprender a los argentinos que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo del horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana.
Es necesario olvidar para no saturarnos de recuerdos, pero ha de ser un olvido que debe surgir del conocimiento verdadero, de la verdad compartida, de una verdad que nos permita asumir y reconciliarnos con nuestro pasado

Claro que, a pesar de todo, también el olvido es necesario, tanto para las personas como para las sociedades. Anaclet Pons escribía recientemente en Ojosdepapel, a propósito del último libro de Paul Ricoeur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, que es necesario olvidar para no saturarnos de recuerdos, pero ha de ser un olvido que debe surgir del conocimiento verdadero, de la verdad compartida, de una verdad que nos permita asumir y reconciliarnos con nuestro pasado. Pons, que ha leído a Ricoeur y a Pierre Nora desde la óptica del historiador, asume con ellos que existe una distancia importante entre la memoria y la historia, ya que ésta se separa ostensiblemente de aquella en la medida en qué, por su pretensión de objetividad, la corrige y la critica. Si el historiador no actúa así frente a la representación del pretérito, que no es otra cosa la memoria, su papel no será sino el de mero notario, o el de simple taquígrafo, de los testimonios de los actores del pasado.

Felipe González, que como sabemos no es historiador, reflexionaba atribulado recientemente (El País, 22.04.2001), a su regreso de Santiago de Chile, en torno a su participación como invitado a evaluar los efectos de las Comisiones de la Verdad sobre la reconciliación y la justicia en aquellas regiones que están viviendo procesos de transición democrática.

A González, que parece conceder a la transición democrática española un valor canónico, le parece bien, “incluso muy bien, -dice, de forma condescendiente-, la decisión de recuperar la verdad para reconstruir sobre ella la reconciliación y la justicia”. Sin embargo, confiesa su pudor (no sé si decir un cierto temor) ante un hipotético interpelante que le reproche que él, en España, no propició nada parecido a una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. El expresidente socialista, además, experimenta una aguda turbación ante la vergüenza ajena que le provocan aquellos españoles a los que define como “demócratas sobrevenidos o conversos, que se transforman en fundamentalistas”, que se envalentonan y dan lecciones de democracia a los políticos e intelectuales latinoamericanos que pilotan los procesos de retorno a la democracia.
Es necesario reparar en que fue precisamente a finales de la década de los setenta, con la transición española ya avanzada, con la Constitución democrática aprobada, cuando la sensibilidad internacional situó a los Derechos Humanos en un plano de trascendencia antes desconocida

En las páginas del mismo diario, el fiscal Carlos Castresana respondió con mucho acierto al líder socialista (El País, 1.05.2001). En su artículo, y eso es lo que debo resaltar ahora, Castresana se lamentaba –y en buena medida responsabilizaba a González- de que no haya habido ningún tribunal para el general Franco; ni siquiera el de la memoria.

Cabe decir, no obstante, al hilo de lo que aquí tratamos, que González, quien se singularizó con su crítica a la detención de Pinochet en Londres, negando, de facto, la universalidad en la persecución de los criminales contra la humanidad, apela retroactivamente a la coherencia en su reflexión periodística para explicar que, en su opinión, los españoles no quisimos remover los rescoldos del pasado.

Más en descargo de los demócratas españoles, que no tanto de Felipe González, es necesario reparar en que fue precisamente a finales de la década de los setenta, con la transición española ya avanzada, con la Constitución democrática aprobada, cuando la sensibilidad internacional situó a los Derechos Humanos en un plano de trascendencia antes desconocida. Nunca hasta entonces, y desde aquellos tiempos cada vez más, la opinión pública, los gobiernos democráticos del mundo –y hasta los tiranos de las más diversas latitudes-, se han conmovido e interesado –y asustado-, por las causas y los efectos de las violaciones de los Derechos Humanos.
Entre los españoles la amnesia de la dictadura fue factible porque no había miles de desaparecidos y porque la mayoría de los responsables directos de los crímenes de la guerra y de la postguerra ya habían muerto

Más allá de las diferencias evidentes entre la transición española y la chilena o la argentina, a las que aludían principalmente tanto González como Castresana, podemos coincidir con este último en que entre nosotros la amnesia de la dictadura fue factible porque no había miles de desaparecidos y porque la mayoría de los responsables directos de los crímenes de la guerra y de la postguerra ya habían muerto. Además, a finales de los setenta, a diferencia de lo que ocurre desde los años noventa, el clima internacional de sensibilidad cívica ante los crímenes contra la humanidad era incomparablemente inferior. Estos factores, junto a la existencia del terrorismo vasco, ayudan a entender, en mi opinión, la promulgación de una amnistía (junto a una sobredosis de olvido) que significó una cruz y raya respecto a los crímenes del franquismo.

Hasta que punto ha cambiado, afortunadamente, el panorama internacional en torno a las violaciones de los Derechos Humanos puede comprobarse casi a diario en los medios de comunicación de masas: las causas abiertas y en marcha contra colaboradores del fallecido presidente rwandés Habyarimana en el genocidio de los tutsis, contra Milosevic o Karadzic, contra Pinochet, Videla y sus conmilitones. En los últimos días se nos ha recordado la advertencia amenazadora de Fidel Castro (habrá combate, dice, si hay alguna iniciativa judicial internacional en su contra), y hemos conocido la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha condenado al gobierno británico por la violación de los derechos humanos de diez miembros del IRA.

Aunque la constitución de un Tribunal Penal Internacional que atienda a los crímenes de lesa humanidad de forma efectiva es todavía un horizonte hacia el cual es necesario seguir avanzando, parece indiscutible que se ha generalizado el consenso en torno a que, como dijera el jurista colombiano Rodrigo Uprimny, los Derechos Humanos son una especie de ética ciudadana moderna, un conjunto de principios para la convivencia democrática, concebidos como forma de vida y no simplemente como estructura política. Se trata de un conjunto de obligaciones jurídicopositivas que limitan y regulan el poder del Estado, y es por ello que no sólo constituyen una barrera contra la arbitrariedad, sino que, en la medida en que se han convertido en una reivindicación multitudinaria, nos permiten imaginar una comunidad de seres humanos libres e iguales.
Siendo una deuda impagable con las víctimas y sus allegados, la imperiosa recopilación de los hechos ni siquiera nos vacuna contra la posibilidad de que vuelvan a producirse. Tenemos la certeza de que es inexcusable, tras rememorarlos, explicar cómo y por qué ocurrieron (...)La memoria, advierte Prost, se justifica a ella misma como moral y políticamente correcta y extrae toda su fuerza de los sentimientos que moviliza. Al contrario, la historia exige razones y pruebas

Para que la lucha por estos Derechos Humanos no sea papel mojado, para que podamos soñar con aquella comunidad de libres e iguales, es necesario seguir reivindicando la memoria. Son, pues, absolutamente imperiosas las recopilaciones exhaustivas que posibilitan las Comisiones de la Verdad. De ellas, de la memoria que constituirán (algunas ya lo han conseguido) depende el conocimiento, la verdad compartida, que nos facultará la capacidad de olvidar que pueda ayudarnos a la reconciliación con el pasado.

Sin embargo, desde la perspectiva con la que el historiador se enfrenta al pasado, no es suficiente, no debemos darnos por satisfechos con los resultados de las Comisiones de la Verdad. Y no me refiero a que se establezcan o no responsabilidades judiciales, que ese es otro asunto. Aludo a la convicción de que el solo recuerdo de un acontecimiento o de un proceso sirve de poco. Siendo una deuda impagable con las víctimas y sus allegados, la imperiosa recopilación de los hechos ni siquiera nos vacuna contra la posibilidad de que vuelvan a producirse. Tenemos la certeza de que es inexcusable, tras rememorarlos, explicar cómo y por qué ocurrieron.

Al enfrentarnos con los resultados de las Comisiones de la Verdad, al utilizarlos como documentos, como fuente primaria, los historiadores debemos interrogarlos, como nos enseñara el viejo maestro Marc Bloch. Otro historiador francés, Antoine Prost, ha escrito recientemente en Doce lecciones sobre la historia (A. Pons y J. Serna acaban de editarlo en castellano), que en la investigación de los cómo y de los por qué, el historiador es capaz de descubrir las complejidades que son incompatibles con el maniqueísmo que nos provocan los buenos sentimientos. Aquellos que, indefectiblemente, nos acercan a las víctimas y nos enfrentan a los verdugos. La memoria, advierte Prost, se justifica a ella misma como moral y políticamente correcta y extrae toda su fuerza de los sentimientos que moviliza. Al contrario, la historia exige razones y pruebas.
Para las sociedades que han padecido heridas terribles en su pasado reciente, la memoria es un derecho que no puede prescribir. Esa memoria, no obstante, no será suficiente. Hemos de convertirla en historia, porque es la única forma de comprender

Los resultados de las Comisiones de la Verdad son, claro está, difíciles de obtener y muy dolorosos, especialmente para las víctimas y para sus deudos. Pero son imprescindibles para ver la luz al final del túnel del horror y para poder soñar en la reconciliación y en la consolidación democrática. Para las sociedades que han padecido heridas terribles en su pasado reciente, la memoria es un derecho que no puede prescribir. Esa memoria, no obstante, no será suficiente. Hemos de convertirla en historia, porque es la única forma de comprender.

Tomás Eloy Martínez escribía recientemente, aludiendo a las cuentas pendientes de la sociedad argentina, que no hay futuro en paz sin una comprensión clara y franca del pasado. Sin ella, entiendo, los cimientos democráticos adolecerán de la solidez necesaria y deseable.